Alrededor de 80 familias asentadas ilegalmente a la vera de la Ruta Provincial 21 esperan la visita de funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para que releven sus necesidades habitacionales. Fue luego de dejar ese pedido por escrito en un acta acuerdo que firmó la representante legal de los vecinos, Antonieta Plaza, ante el fiscal penal Pablo Paz. En el mismo documento se comprometieron a abandonar el predio de propiedad privada y encausar el conflicto mediante el diálogo.

Expresaron que son trabajadores informales que quedaron sin ingresos a raíz de la pandemia y que por esa razón no tienen dinero para pagar un alquiler. La Radio Pública llegó al lugar de la toma y dialogó con los vecinos que desmintieron intencionalidades políticas: