Siete jóvenes que eran explotadas sexualmente fueron rescatadas en el marco de una serie de procedimientos desarrollados en la capital salteña, en los que fueron detenidos un hombre y dos mujeres, de las cuales una está sindicada como líder de una organización dedicada a la trata de personas. En Buen día, la periodista de Radio Nacional Salta Laura Urbano detalló cómo se desarrolló la investigación.

Tras una investigación que incluyó el seguimiento por las redes sociales y la intervención del “agente revelador”, efectivos de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional y de la División Trata de Personas de la Policía de Salta concretaron los allanamientos.

Estos procedimientos, desarrollados de manera simultánea en distintas viviendas señaladas como lugares donde las jóvenes eran explotadas sexualmente, permitieron el rescate de las siete víctimas, además del secuestro de valiosos elementos de pruebas, entre ellos 19 teléfonos celulares, dos dispositivos de cobro electrónico, lencería erótica y 90.000 pesos.

Los allanamientos fueron coordinados por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, y a partir de las órdenes del juez federal de Garantías, Miguel Medina.

Los voceros detallaron que dos de los domicilios intervenidos estaban ubicados en un edificio situado a pocas cuadras de la plaza principal de la ciudad de Salta.

Allí, los efectivos allanaron dos departamentos del primer y segundo piso, y en uno de ellos se rescataron dos víctimas y se procedió a la demora de un cliente, como así también al secuestro de dinero y otros elementos de prueba.

A pocas cuadras, en una vivienda, fue rescatado el resto de las víctimas y se procedió a la detención de una mujer, sindicada como la líder de la organización desbaratada.

Otra mujer, considerada cómplice, fue detenida en un domicilio en la zona este de la ciudad y, según surge de la investigación, tendría la función de “captadora”.

Al referirse al resultado de los procedimientos y la investigación en curso, el fiscal Ricardo Toranzos resaltó el trabajo en equipo realizado por las fuerzas de seguridad intervinientes.

Además, hizo referencia a la utilización de herramientas especiales al momento de llevar adelante las pesquisas, entre ellas el seguimiento virtual por redes sociales y la figura procesal del “agente revelador”, es decir, el miembro de una fuerza de seguridad que, de incógnito, muestra interés y/o ejecuta las conductas desplegadas por la organización ilícita con el objeto de identificar a sus miembros.

Toranzos señaló que el éxito de los procedimientos no solo se vio reflejado en las detenciones y elementos de pruebas obtenidos, sino también en el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia de Covid-19, que estuvieron presentes durante el amplio despliegue operativo.

El fiscal precisó que además se tomaron las medidas para contener y asistir a las jóvenes rescatadas y explicó que el delito de “trata de personas” se encuentra claramente establecido en el artículo 145 bis del Código Penal, que prevé una escala penal de cuatro a ocho años de prisión.

Toranzos indicó que los elementos de prueba reunidos antes y después de los allanamientos llevan a la fiscalía a avanzar sobre la hipótesis de una organización dedicada a ese delito.