El Ministerio de Salud de Santa Fe firmó un acta acuerdo de cooperación para la implementación de la Ley de los 1.000 días con la fundación Padre Ignacio. Analía Aucía, abogada y responsable del área de género de la Facultad de Derecho de la UNR, aseguró que este convenio “nos generó mucho impacto” porque “no se puede comprender”. En Nacional Rosario, reclamó que el acuerdo quede sin efecto.

“Esto requiere una perspectiva de derechos humanos, de género, así lo plantea la ley. Son elementos que claramente, por historia, la Iglesia Católica se ha opuesto a incorporar esas perspectivas”, aseguró la letrada y docente en La siesta jugada (13 a 15 hs.). “Es inconcebible que esta normativa delegue una parte de su cumplimiento a esa institución que públicamente se opone al derecho de la autonomía de las mujeres”.