Las diputadas provinciales Clara Pérez Otazo, del bloque Frente integrador y Jessica Ayala del Justicialista, presentaron en la Legislatura del Chaco un proyecto para la creación de un Observatorio Provincial contra las Violencias de Género, con el objetivo de obtener información en ese tema y dotar a la provincia de un organismo similar al Observatorio Nacional de Violencia Contra las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).

En entrevista realizada en Radio Nacional Resistencia Jessica Ayala dio precisiones acerca de la iniciativa: “el Observatorio tendrá por objeto desarrollar un sistema de información permanente que brinde datos fehacientes para el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de las violencias y prevé que la autoridad de aplicación sea designada por el poder Ejecutivo Provincial”, señaló.

Ayala indicó a Noelia Moreyra que uno de los objetivos, a través de la creación del Observatorio, es “hacer un seguimiento del cumplimiento de la Ley Brisa que establece una reparación económica para los niños y niñas que quedaron sin un responsable parental. Esperamos que cuando lo podamos tratar en comisiones se escuchen a todos los sectores que trabajan en la temática y que eso nos permita generar políticas públicas sobre todo en lo que tiene que ver con la prevención de la violencia”.

En lo referido al tratamiento parlamentario la legisladora indicó: “actualmente la Cámara no funciona por un caso positivo de COVID-19, pero creemos que cuando se reanuden las actividades podremos hacer una convocatoria multisectorial y comenzar a trabajar”.

Entre otras, las funciones que el proyecto estipula para el Observatorio, son: recolectar, registrar, analizar y difundir información comparable, periódica y sistemática sobre las violencias en la provincia, incluyendo casos de femicidios, resoluciones judiciales y de tráfico de mujeres, disidencias, niñas, niños y adolescentes; implementar un sistema unificado de información y análisis de datos, sobre una plataforma tecnológica, que permita su carga y recopilación; desarrollar, promover y coordinar, con los representantes de las diferentes áreas de los Poderes Ejecutivo y Judicial, los criterios para la selección de datos.
La iniciativa dispone que el Observatorio estará integrado “por una persona que tendrá a su cargo, su coordinación, ejecución y funcionamiento y deberá acreditar la debida formación con perspectiva en géneros y derechos humanos; y un equipo interdisciplinario obligatorio conformado por: abogados y abogadas, psicólogos y psicólogas, psicólogos/as sociales, asistentes sociales y profesionales afines especializados en la temática que aseguren el funcionamiento del observatorio”.