El gobierno de la Provincia oficializó la prórroga de la intervención al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas. Es por la causa que mantiene tres vocales imputados por peculado y por posible fraude a la administración pública. Las irregularidades tienen que ver con el faltante de -al menos- 9 millones de pesos, provenientes de las regalías gasíferas que administra el organismo en favor de las comunidades originarias de Salta.

Los imputados Romelia Durán, Samuel Centeno y Alejo Gallardo deberán presentarse en la sede de la Unidad de Delitos Económicos Complejos. La primera se desempeñó como presidenta del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta y los segundos, como vocales

Ramiro Chávez, uno de los interventores del IPPIS, dio más detalles de la causa: