Según detalló Alejandro Zlotolow, funcionario del Ministerio de Economía de la Provincia, durante su diálogo con Florencia Moreno en el programa Muchas Gracias, hemos pedido la inclusión de diversas actividades y hemos propuesto un mecanismo de acción para garantizar el cumplimiento de los beneficios. Según explicó el funcionario, entre esas actividades no se incluyen las empresas de la economía del conocimiento, porque cuentan con una ley específica que les brinda apoyo, aunque “los servicios que sí hemos incluido están vinculados”.

La sugerencia a la Nación expresa que los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) que se utilizan para financiar la rebaja de aportes patronales en Mendoza se utilicen para complementar todas las líneas de acción que se vienen desarrollando con recursos propios, como los programas Mendoza Activa, Mendoza Activa Hidrocarburos o el Programa Enlace.

“Incluimos la misma cantidad de actividades que en el Decreto 191/21, pero sacamos algunas que creíamos que no tenían impacto en la provincia e incorporamos otras que obedecen más a la estructura productiva de Mendoza”, indicó el subsecretario de Industria y Comercio de Mendoza, Alejandro Zlotolow.

Para llevar adelante la propuesta, los fondos serían destinados a un fideicomiso para posibilitar su gestión. “La gestión del beneficio se podrá realizar de manera online a través del sistema Ticket de la Provincia de Mendoza (Sistema de seguimiento gestionado por la Dirección de Informática y Comunicaciones), que es un sistema probado, transparente y ágil y que sirve de soporte a otros programas ejecutados por la provincia”, agregó Zlotolow.

Como contraparte, la provincia seguirá instrumentando y supervisando los programas Mendoza Activa, que devuelve el 40% de la inversión para rubros que abarcan construcción, comercio y agricultura; además del programa de generación de empleo Enlace, que brinda estímulo económico mensual por cada trabajador o trabajadora nueva registrada por las empresas.

Finalmente, Zlotolow explicó que se ha utilizado la misma codificación que el gobierno nacional a la hora de proponer los servicios a considerar en el beneficio.