El llamado Colectivo de Prescindidos Políticos de La Pampa presentó este martes al gobernador Sergio Ziliotto un proyecto de ley que reconoce por única vez el cobro de una indemnización material para los empleados nacionales, provinciales y municipales de la provincia que fueron cesanteados, exonerados o forzados a renunciar entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983 por motivos políticos, ideológicos y/o gremiales.

Al respecto en Rebeldes sin cauce conversamos con Julio Braile.

“La extinción del vínculo laboral debe haberse producido a través del dictado de actos administrativos simples, reglamentos administrativos y/o hechos administrativos que hayan exteriorizado el ejercicio de la función o actividad administrativa, incluyendo la cesantía o la exoneración como sanciones administrativas. La existencia de motivos políticos, ideológicos y/o gremiales deben ser interpretados en el marco del respeto y la protección de los derechos humanos hoy reconocidos y garantizados por la Constitución Provincial, Nacional y Tratados Internacionales en la materia”, explicaron las y los exagentes públicos en su presentación normativa.