Así se expresó Alejandro Perez Hualde, uno de los tres abogados que ha realizado una presentación ante la Fiscalía de Estado. “La efectuamos desde el punto de vista estrictamente jurídico. Nos estamos acercando a puntos de no retorno. No sabemos si es una mejora en la oferta porque no tenemos con qué comparar. Vemos que nos acercamos a la adjudicación y luego al contrato y vemos que el entorno jurídico no es seguro”.

En este sentido Perez Hualde aseguró que “tenemos juicios que comprenden todas nuestras cuencas y vemos una Corte Suprema que tiene la misma integración en una trayectoria donde no permite el avance de obras que no tiene una evaluación de impacto amplia, que contemple el concepto de ecosistema”.

“Cuando vemos que se acercan puntos de no retorno, nuestra provincia no se va a encontrar otra vez con un monto tan grande para su desarrollo y vamos a terminar en juicio. Para colmo, los juicios vienen de antes, entonces no vamos a poder parar la obra” aseguró Perez Hualde.

Por este motivo, el abogado justificó la presentación ante la Fiscalía de Estado. “No podemos desperdiciar esta oportunidad”. Y frente a la posibilidad de que se establezca un nuevo juicio aseguró “hay juicios que no conviene emprender ni siquiera aunque ganemos, por los tiempos de los procesos judiciales”.

Por otra parte, explicó que “el caudal que está trayendo el río está en un tercio de lo que traía hace 10 años , entonces se preguntó cuánto se va a tardar en llenar la presa, entonces hay que volver a calcularlo, reflexionó el abogado.

“Estamos a tiempo de que la provincia cambie el destino de los fondos que nos llegan por Portezuelo”, afirmó Perez Hualde, ratificando que la legislación vigente permite esto.

“Las empresas defenderán la necesidad de continuar con este proceso”, advirtió el abogado, quien expresó que “la respuesta la tiene que dar la alta política”.

Perez Hualde afirmó que “no podemos seguir avanzando y tomar un riesgo muy grave como tener que suspender la obra como ha ocurrido en El Tambolar, San Juan y dos obras de Santa Cruz, por fallos de la Corte Suprema”. Es la que intervendría por tratarse de conflictos interprovinciales.