Así se expresó al comenzar su columna semanal en Muchas Gracias el analista en economía política Juan Mnuel Gispert, quien detalló la megaobra de 1.023 millones de dólares a construirse en el sur provincial. En su desarrollo Gispert habló además de un importante tendido eléctrico que se debe levantar entre otras obras, que serviría también para otros sectores como el Sosneado, entre otros.

“Mendoza siempre ha tenido la necesidad de regular el caudal de sus ríos'', expresó el analista, quien agregó que si se piensa en la matriz productiva sumando a la minería se necesita un caudal importante y esto viene atado.

Políticamente, Gispert explicó para contextualizar cómo llega a concretarse el arreglo extrajudicial para que no avance la demanda de Mendoza a la Nación por los perjuicios por la promoción industrial. “El trabajo de la política regional es muy escaso y eso nos hace débiles”, dijo Gispert, y nos termina pasando que al no tener un bloque sólido, la política nacional se apoya en provincias donde sí tiene apoyo.

Al traer la historia de los inicios de la obra, el proceso de Portezuelo desde que lo acordó Cobos en su gestión, pasaron varios gobiernos hasta que Alfredo Cornejo logró avanzar en la obra con la apertura de licitación para la construcción con un solo oferente, una UTE con participación de China, y tres empresas con base mendocina, contó Gispert.

“No es casual que los empresarios ligados a la obra pública, estén también ligados a medios de comunicación”, expresó el analista quien brindó conceptos al respecto.

“Que una sola empresa se presente a la licitación es un fracaso del proceso licitatorio”, sostuvo el analista, al reflejar que al arrancar la obra había un consenso amplio en partidos políticos y los sectores empresariales. En este contexto, Gispert contó las campañas del gobierno para la generación de empleo, y cuando finalmente se presentaron los pliegos, el 90% de las empresas quedaron fuera de competencia, salvo IMPSA. Gispert expresó que el argumento del gobierno era que no se podía controlar el proceso con múltiples empresas, por lo que propuso la formación de UTE.

“Que el resarcimiento de un daño provocado a Mendoza quede en 4 empresas genera dudas, otro aspecto es que una gran parte del presupuesto queda en otro país”, sostuvo Gispert en torno a los cuestionamientos y objeciones que se abren en relación a la obra.

En lo referido a la construcción, “la obra debía valer 884 millones de dólares, y el resto del dinero debía ir a obras anexas”, sostuvo Juan Manuel, quien explicó otros inconvenientes que aparecen como la demanda de La Pampa, con un laudo presidencial y un nuevo pedido de impacto ambiental. Otro problema, va en torno a la crisis hídrica que no deja exento al río Grande, donde el IANIGLA - CONICET ya han expresado que esta situación va a empeorar, en referencia a lo que sería el llenado de la represa. Además surge que no esté contemplado el trasvase al Atuel, río que está inmerso también en causas judiciales con La Pampa.

Para actualizar la situación de Portezuelo, la UTE en las últimas semanas, mejoró la oferta a la provincia para la construcción de la megaobra en un 22%, situación que sorprendió en general, y Juan Manuel Gispert explicó los alcances.

El gobierno no ha dado respuestas muy claras a las objeciones y desde el sector empresarial insisten en no seguir discutiendo una obra que ya cuenta con el dinero para su concreción, concluyó Gispert.