"NO PUEDE SEGUIR EN LA SALUD PUBLICA" CHUBUT

Organización de mujeres solicita la remoción del médico “antiderechos”

El Dr. Pécile escaló a la prensa nacional por sus dichos aberrantes en contra de las garantías de la interrupción legal del embarazo y sus sospechas sobre los “abusos sexuales infantiles”. El obstetra cumple funciones en un hospital público y se jactó de convencer a mujeres y niñas de que no aborten, “tenés a tu hijo y lo regalás, lo donás, o lo das en adopción, pero no lo tires. Ese es el camino correcto”, declaró sin reparos. La organización Mujer Lucha Santa Cruz exige su remoción. “El Doctor Pécile no puede seguir ejerciendo en la salud pública” indicó Marianela Arbaizar a Lu 4 Nacional Patagonia.

A través del trabajo de Socorristas en Red  en el sur del país se puede saber que  sin barreras burocráticas ni religiosas solo  en localidades muy pequeñas, como el Chaltén, Calafate o Caleta Olivia esta garantizado el procedimiento.  En Río Gallegos la capital provincial presenta una seria negativa que ha tenido consecuencias muy graves.

Esto sumado a la  brutalidad de las declaraciones del Dr. Pécile quién reconoció haber incentivado a niñas y mujeres a completar su embarazo fuera de su voluntad y quién se atrevió a descreer de los abusos de menores de edad por producirse “dentro de cuatro paredes” , impulsó a la organización Lucha Mujer Santa Cruz, a lanzar un pedido urgente al gobierno provincial.

“El Gobierno de la provincia de Santa Cruz debe tomar cartas en el asunto de manera inmediata tras estos dichos el Doctor Pécile no puede seguir ejerciendo en la salud pública. Nosotros necesitamos que haya profesionales de la salud que garanticen nuestros derechos. En la localidad de San Julián donde yo vivo, este acceso a la ILE no lo tenemos garantizado, ya que todos los profesionales de la salud que podrían realizar esta práctica son objetores de conciencia , el gobierno debería garantizar que por Hospital un profesional realicé esta práctica hoy solo una gestión de derivación hacia la ciudad capital (Río Gallegos) permite completar esta práctica”, explicó Marianela Arbaizar.

“Esto deja a las claras la falta de políticas públicas en torno a la ILE y falta de inversión en el sistema de salud al no poder garantizarnos un derecho adquirido. Pero evidentemente no somos prioridad dentro de este sistema, mientras que miles de mujeres se siguen muriendo por aborto clandestino”, lamentó Arbaizar.

Y recordó que sigue cajoneado el proyecto de aborto legal por las prioridades de la pandemia.