Desde el Centro de Estudios de Criminalidad Económica, el abogado y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Nicolás Macchione, cuestionó la utilización de un DNU para lograr la extinción de dominio de bienes presuntamente mal habidos y señaló que es una mala herramienta que sirve solamente para generar un impacto político. "Creemos que es necesaria una ley para lograr la extinción de dominio, pero consideramos que no es la forma", aseguró.

Señaló que esta mal pensada la herramienta en primer lugar porque genera un proceso civil sumario para hechos vinculados a ilícitos penales, cuando se sabe que "está imposibilitado el Presidente de la Nación para generar decretos de necesidad y urgencia en materia penal" . Pero además "encontramos errores técnicos que son un retroceso" porque no se incluyen los delitos penales económicos, como son los tributarios, los bursátiles o la quiebra fraudulenta.

Macchione consideró también que la medida al ser inconstitucional posibilitará dilaciones en los procesos judiciales dado que dará argumento a la defensa de quienes están acusados de corrupción.