“No es para tratamiento, es un producto de limpieza. Bajo ningún punto de vista médico se puede discutir administrar esto a una persona”, denunció Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, sobre la aplicación de dióxido de cloro a un paciente. Oscar Jorge García Rúa tenía 92 años y murió ayer luego de contraer coronavirus. Días atrás, la Justicia Federal había ordenado al Sanatorio Otamendi suministrarle dicha sustancia tras la medida cautelar presentada por la familia del enfermo.

Mientras se estudian las causas de su fallecimiento, el presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor del Ministerio de Salud, Ignacio Maglio, calificó de "mala praxis judicial" al fallo del juez Javier Pico Terrero.

“Fue un caso terrible, el dióxido de cloro no tiene ningún estudio en el mundo que pruebe que se pueda usar como droga”, declaró Reina y agregó: “Es terrible que quieran imponer, a través de la Justicia, a los médicos aplicar algo que no tiene ninguna indicación”.

La presidenta de la SATI indicó que han recibido pacientes que ingirieron de forma accidental el producto y aseguró que “produce lesiones muy severas en el aparato digestivo y afecta a otros órganos”.