La estimulación hidráulica se practicaba sin ningún tipo de control desde hacía 60 años en la provincia. Esto fue lo que motivó a que el Gobernador firmara el Decreto 248, que establece la obligatoriedad de tramitar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La Ley de Hidrocarburos estableció un plazo de 35 años para las concesiones de explotación no convencional (fracking) sin una normativa que regulara el impacto ambiental de la actividad. Con la reglamentación del Decreto 248, Mendoza se transforma en la primera provincia que se compromete a preservar el ambiente y a no contaminar las reservas de agua.