La Primera Audiencia del Juicio por la Masacre de Napalpí se llevó a cabo en la Casa de las Culturas de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Se trata de una reivindicación de la memoria de los Pueblos Originarios que habitan la provincia del Chaco, se busca visibilizar lo sucedido en aquellas fatídicas jornadas del mes de julio de 1924 en las que fueron perseguidos y asesinadas más de un millar de personas de las etnias Qom, Moqoit y criollos. El juicio por la verdad de los hechos acontecidos en Napalpí, es uno de los hechos más salientes de esta gestión de gobierno, al comenzar a develar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por fuerzas de seguridad pertenecientes al Estado argentino y civiles armados contra pueblos originarios indefensos.
La historia oficial siempre omitió hablar de estos verdaderos genocidios. Hechos similares ocurrieron en Rincón Bomba, en 1947 (el 10 de octubre de 1947, evento que se extendió durante tres semanas, en cuyo transcurso fueron asesinadas, violadas, esclavizadas, desaparecidas y lesionadas miles de personas desarmadas, incluyendo niños, mujeres y ancianos pertenecientes al pueblo Pilagá, en el paraje La Bomba, cerca de la población de Las Lomitas, en el entonces Territorio Nacional de Formosa (actual provincia de Formosa).
La versión oficial también ha intentado ocultar la mal llamada "Campaña al Desierto", acontecimiento que la Justicia aún no ha declarado delito de lesa humanidad por la matanza, violaciones, sometimiento a la esclavitud, sustitución de identidad, robo de niños y niñas, en un plan sistemático orientado a saquear tierras y completar con mano de obra esclava los ingenios azucareros, implementar la tala de especies nativas, o concretar la recolección del algodón en el norte.
Las jornadas comenzaron el lunes 18 con un acto en homenaje a las víctimas y familiares del hecho. Y un reconocimiento a Juan Chico, docente, investigador indígena y militante de los derechos humanos para los pueblos indígenas, quien dedicó gran parte de su vida a visibilizar la historia de la masacre y luchó incansablemente para que se reconozca como crimen de lesa humanidad lo sucedido.
El fiscal general ante Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, Federico Carniel, informó sobre el juzgamiento de estos hechos vinculados al genocidio indígena, como delitos de lesa humanidad.
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