“Nos reunimos referentes de distintas organizaciones y legisladores nacionales para analizar los conflictos de tierra y desalojos tanto en el Chaco como el país. Se planteó el problema de la expulsión de productores familiares de sus tierras tras muchos años de ocupación en situación de  pobreza y vulnerabilidad y que no tienen títulos de propiedad por los costos que implica”, dijo la integrante de la Canpo y de la CTA.

La referente agregó: “existía una ley de suspensión de desalojo que tuvo vigencia hasta el 2018, y ahora no existe esa cobertura. En el chaco hay cerca de 1700 familias en esas condiciones y  es un problema de muchos años de existencia, eso se verifica tanto en el norte como en el sur del país donde existen miles de personas con órdenes de desalojo”, afirmó.