En este informe se analizó la enorme herencia de normas de la dictadura que aún se encuentran vigentes, así como una buena parte del código penal, beneficios de la iglesia y regulación del comercio exterior, las cuales fueron pensadas ignorando la voluntad popular por quienes usurparon el poder y continúan ejerciendo de lastre para la gobernabilidad.

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Además, se hizo un repaso a algunos de los 469 decretos que aún siguen defendiendo intereses sectoriales y pocas veces se pudo dar una discusión parcial al respecto ante la complicidad de los principales medios de comunicación.

También se indagó en aquellas que dejaron dolorosas cicatrices como el Punto Final en 1986, la reforma del estado de 1989 que permitió la ola de privatizaciones, la entrega de empresas emblemáticas y el achicamiento del estado, que posteriormente pudieron ser derogadas  posibilitando la continuación de juicios a genocidas y la recuperación de aerolíneas, ferrocarriles e YPF.