Desde la Red de Derechos humanos denunciaron el accionar del gobierno contra las y los trabajadores municipales de la ciudad. Diego Paimes, integrante de ese organismo y dirigente de ATE explicó a La Mañana de Libertador la situación que están viviendo.

A continuación la carta que dieron a conocer a los medios:

"Desde la ​Red por los Derechos Humanos Mendoza repudiamos la violencia del Estado municipal de Capital y del Estado provincial sobre las y los trabajadores en nuestra provincia. Denunciamos la criminalización a la protesta.
Han sido numerosos los episodios en los que se ha intentado desarticular la lucha por la defensa de los derechos laborales con las fuerzas de seguridad, donde el Poder Ejecutivo sirve de base a la imputación, a través de la criminalización de actores políticos como única forma de resolver conflictos.
En el mes de junio se profundizó la represión y persecución. En el barrio La Favorita se arrojaron gases a municipales que se encontraban en asamblea; la semana siguiente, agentes de la policía le intentaron quitar el micrófono a un secretario sindical durante una manifestación en Casa de Gobierno. Al mismo tiempo, se reforzaba la presencia policial para amedrentar a los manifestantes en nombre del “distanciamiento social”: todas prácticas de un gobierno autoritario.
Días después, la explanada de Casa de Gobierno se encontraba militarizada, impidiendo así realizar el acto de trabajadoras y trabajadores de salud y de educación en reclamo por el pago de aguinaldo.
El Gobierno Provincial, mientras avanza con prácticas punitivas sobre los trabajadores y trabajadoras, fomentan manifestaciones a favor de los estafadores dueños de Vicentin contra el proyecto de expropiación, sin respetar el distanciamiento social y el uso de barbijos como sucedió el 20 de junio en Km 0, Capital.
Las detenciones y los allanamientos ilegales a dirigentes luego de movilizaciones, como la represión de este sábado 27 de junio, vaticinan las modificaciones del Código de Contravención, utilizando la emergencia sanitaria para avanzar en la suspensión de garantías constitucionales y en el aumento de la mano dura.
Exigimos el cese de la represión y persecución política a trabajadoras, trabajadores y dirigentes. Exigimos la instancia de mediación urgente y el cumplimiento de las garantías constitucionales.