Marcos Aldazabal es abogado, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales. En eldiarioar.com, bajo el título “Reyes en el desierto: sueldos judiciales en un país en crisis”, publicó una nota sobre los sueldos y los privilegios de quienes ocupan lugares jerárquicos en la Justicia nacional, que me cuesta recortar. Por cuestiones de tiempo deberé hacerlo, pero vale la pena leerla entera.

“De acuerdo con los datos públicos disponibles, un juez de la Corte Suprema tiene un sueldo básico de $692.476, un juez de Cámara de Casación de $569.249 y un juez de primera instancia de $427.963. En cuanto al resto de los funcionarios, un secretario de cámara tiene un básico de $347.527, un secretario de juzgado de $325.084 y un prosecretario administrativo (cargo que no requiere título de abogado, y que muchas veces está ocupado por personas con profesiones muy distintas al derecho, como profesores de educación física) de $253.296. En cuanto a los empleados, el cargo más bajo tiene un sueldo básico de $113.728. A este básico hay que sumarle adicionales por antigüedad, permanencia en el cargo o título, entre otros ítems, que llevan a que los sueldos lleguen a ser, en algunos casos, del doble. Además, solo quienes ingresaron al Poder Judicial luego del 2017 pagan ganancias, y todos tienen una jubilación de privilegio (esta situación ha llevado a que secretarios judiciales con cargos anteriores a 2017 renuncien a concursos para ser jueces para no tener que pagar ganancias). Sus vacaciones son las más largas en el Estado (45 días) y la jornada laboral formal es de seis horas.

Una vez que alguien asume un cargo, la remoción es prácticamente imposible y muy inusual. Esto lleva a que el Poder Judicial tienda a crecer en cantidad de trabajadores. Para dar algunos ejemplos, el juzgado de Comodoro Py más chico tiene 42 personas y el más grande, 55; la Cámara Federal de Casación está compuesta de 457 personas y solo en la Cámara Federal de Apelaciones hay casi 50 secretarios (que, como vimos, cobran cerca de medio millón de pesos). En la práctica, cada vez que un juzgado tiene un caso “grande” le pide contratos a la Corte, y mucha de esa gente suele permanecer en la órbita judicial aun pasada la vorágine laboral.

Hilemos un poco más fino. En cuanto a los miembros de los otros poderes, el presidente y la vicepresidente tienen un básico de $494.000, los que, con el descuento de ganancias, terminan cerca de los $350.000 netos. Esto lleva no sólo a que un juez de la Corte pueda cobrar casi cuatro veces más que el presidente, sino a que hasta un secretario de juzgado (de los que hay, literalmente, miles) también lo supere salarialmente. Por su parte, los ministros cobran alrededor de $315.000 netos, por lo que un prosecretario administrativo con antigüedad, aun sin título, casi con seguridad ganará más que ellos. Un Diputado Nacional cobra $159.151 en mano. En consecuencia, quien ocupa el cargo más bajo en el Poder Judicial puede superarlo salarialmente con facilidad. Un prosecretario de veinte años también cobraría más dinero que un legislador nacional.

¿Y si salimos de la clase política? El sueldo básico más la jerarquización de un Investigador Superior del CONICET, puesto reservado para los científicos más destacados del país, y con alta reputación nacional y mundial, es$ 151.000 que, con adicionales, puede estar cerca de los $250.000. Otra vez, todos los funcionarios del Poder Judicial tienen un salario mayor que nuestros investigadores más destacados, y varios empleados, especialmente si tienen mucha antigüedad, también (y esto, cuando solo hay 215 investigadores superiores en todo el país, mientras que hay decenas de miles de empleados y funcionarios judiciales). Dejo a criterio del lector la viabilidad de vivir en un país en que alguien que pone un sello en una mesa de entradas cobra más que alguien que puede ser candidato a un premio Nobel o colaborar a industrializar el país. Algo similar sucede con los cargos docentes. Un profesor titular de la UBA con dedicación exclusiva (cargo también prestigioso y muy difícil de alcanzar, bastante más que el de juez) cobra $156.000. No es sorprendente, entonces, que en la Facultad de Derecho de la UBA no haya casi ningún titular con dedicación exclusiva. En cuanto al docencia escolar, en diciembre el sueldo mínimo alcanzará los $40.000: es decir, un tercio del menor cargo judicial y cuarenta veces menos que un juez de Corte o de Cámara con antigüedad”.

La nota sigue. Con datos, propuestas y algunas conclusiones. Como disparador de una discusión necesaria y postergada, sin lugar a dudas.

El presidente encabezó ayer la reunión del Consejo Económico y Social y delineó los 10 desafíos estructurales de su gobierno para el próximo año. Los puntos 6, 7 y 8 refieren a la Justicia. Se propone promover un debate sobre el mejor modo de elegir a los jueces a través del Consejo de la Magistratura de la Nación; establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e implementar los juicios por jurados a nivel federal. Si agregamos los datos de la nota de Aldazabal, es indudable que hay mucho por hacer.

Editorial de José Luis Ferrando, licenciado en Comunicación Social, periodista de LT14 Radio Nacional Paraná.