Las encuestas recientes evidencian que, a nivel nacional, el tópico “inflación” ha desalojado del primer lugar entre las preocupaciones de los argentinos a la falta de seguridad.

La estadística llamó la atención puesto que, en los últimos años, los hechos delictivos encabezaban y aventajaban por mucho al resto de los problemas que tenemos como sociedad.

Sin embargo, y más allá de lo que indican las cifras, la ocurrencia de hechos relacionados con la inseguridad ciudadana sigue siendo un pesar para muchas de nuestras comunidades. Y la sanrafaelina no es la excepción.

A diario vemos e informamos de hechos delictivos que, además de su incremento en número, evidencian un desarrollo cada vez mayor en la violencia con que se consuman.

El fenómeno -que a esta altura de los acontecimientos no discrimina territorios ni estratos sociales- y la ocurrencia de hechos altamente conmovedores, han llevado a reacciones sociales llamativas y, en algunos casos, preocupantes.

De acuerdo a sondeos del año pasado, el 50,5% de los consultados aprobaba "la justicia por mano propia" en caso de enfrentarse a un delincuente o un presunto delincuente (el 24,5% lo aprobaba completamente y el 26%, parcialmente, y solo el 18,4% la rechazaba por completo). Por otra parte, y para completar el complicado escenario, el estudio concluía en que casi el 80% de los argentinos desconfía del sistema judicial y apenas el 3,1 le tiene “mucha confianza”.

La opinión pública (si es que existe como muestra fidedigna de lo que pensamos) nos brinda, a través de estas estadísticas, una radiografía de la mente de los argentinos. Claramente nos encontramos sumidos en la desesperación de saber que, más temprano que tarde, le veremos de cerca la cara a la falta de seguridad y -al mismo tiempo- naufragamos en la búsqueda de soluciones, puesto que quienes deben brindarnos respuestas no lo hacen. Sin embargo, esa angustia no debe hacernos perder de vista que vivimos bajo un régimen en el que la seguridad y la justicia están en manos del Estado a través de sus organismos.

A los ciudadanos nos queda el rol de no acostumbrarnos a vivir con miedo y exigirle a quienes definen las políticas públicas que optimicen su trabajo en pos de brindarnos mayor tranquilidad.

Por Alejandro Sosa