Abogado Pérez Videla alegando, atrás y a su derecha Lapaz, a la izquierda Moroy.

Ayer, durante los alegatos del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad, el abogado Leonardo Pérez Videla dio cuenta de hechos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y ataques sexuales cometidos entre abril y octubre de 1976 en el marco represivo del D2 “bajo control operacional del Ejército” y en concomitancia con otras fuerzas de seguridad. Basándose en desajustes entre el requerimiento inicial de la megacausa y la ampliación acusatoria de Fiscalía, así como en supuestas inconsistencias en sucesivas testimoniales brindadas por los sobrevivientes a lo largo de las décadas, y la falta de pruebas o señalamientos directos, pidió la absolución de los entonces policías Armando Osvaldo Fernández, Pablo Gutiérrez Araya, Diego Morales Pastrán, Félix Humberto Andrada, Marcelo Rolando Moroy y Julio Héctor Lapaz -éste último a partir de compulsas posteriores-; y del jefe de Inteligencia del Ejército, Paulino Enrique Furió, y el director del Liceo Militar General Espejo, Carlos Horacio Tragant. Las causas analizadas fueron las que tienen como víctimas a Hipólito Robledo Flores y Alberto José Scafatti y el brutal Operativo Luna contra delegados gremiales y militantes peronistas sometidos al imperio de la picana eléctrica, las torturas psicológicas y la violencia sexual -“los espantosos derroteros”, según reiteró varias veces el defensor.

Defensor Pérez Videla sobre contradicciones en la acusación fiscal respecto a responsabilidades de integrantes del D2 y “el dominio de los hechos”. Audiencia del 27 de septiembre de 2016. 

Se evidencia a partir de esta segunda jornada de análisis causa por causa que la estrategia técnica de los defensores oficiales girará -en relación a “los mandos inferiores” del aparato represivo estatal y sean imputados como autores materiales o mediatos de los crímenes- a que dados sus roles y jerarquías, los ex policías acusados estaban “imposibilitados de entrar en contacto” con las personas detenidas e “incapacitados” para denunciar ilegalidades percibidas en el mayor centro clandestino de Mendoza, o de las que fueron parte. Para ello se apoyan en la hipótesis de que tanto “el poder de mando” como “el dominio del hecho” era exclusivo sólo de los jerarcas militares y jefes policiales que ordenaban las instrucciones secretas para que “subgrupos” de represores “más o menos identificados” las ejecutaran. De ahí que -aún a partir de consumado el golpe de Estado-, abonen la teoría de que “organizaciones paramilitares y parapoliciales como el Comando Pío XII y el Comando Anticomunista” hayan sido las responsables de los interrogatorios para obtener información en el D2 para luego ser reprocesada por la Inteligencia del Comando de Infantería de Montaña y otras estructuras del Ejército y la Aeronáutica. En esa dirección, Pérez Videla dio lugar a lo volcado en indagatorias de acusados como Marcelo Moroy sobre el conflicto que esto generó entre sus superiores Pedro Dante Sánchez Camargo y Juan Agustín Oyarzábal, acerca de los procedimientos. Y citó otras declaraciones insostenibles como que los agentes del D2 estaban imposibilitados de portar armas y que había un estado de alerta constante por un copamiento del centro clandestino por parte de organizaciones armadas que a la fecha habían sido absolutamente devastadas y que jamás habían tenido impacto real.

Defensor Pérez Videla sobre la posición de la Defensa acerca de las omisiones de denunciar, participación primaria y roles delictivos concretos.

Los acusados Moroy -alias "Facundo"-, González y Lapaz.

Otra clave relacionada con la estrategia es el viejo truco de direccionar todas las culpas sobre personas fallecidas que ni siquiera llegaron a ser enjuiciadas, en particular Sánchez Camargo, o -en el caso de los sistemáticos ataques sexuales denunciados por las víctimas- cargar las tintas exclusivamente sobre Manuel Bustos Medina, alias “Mechón Blanco”. Esto obedece a que el muerto fue el primero y mayor de los identificados durante los ‘70 y los ‘80 por las sobrevivientes de tales aberraciones como Rosa Gómez, dado que actuaba a cara descubierta y bajo total impunidad. Rosa, que pasó ocho meses de cautiverio en el D2 y fue sometida durante más de cuarenta días a toda clase de abusos sexuales -“hasta tres veces por día y por diferentes personas”-y que ha ido reconstruyendo  a lo largo de un indescriptible proceso de dolor también a quienes continuaron amenazándola con la vida de su hijo y sacaron del calabozo a su compañero Ricardo Sánchez Coronel para asesinarlo y desaparecerlo -Pablo Gutiérrez Araya, “alias Pulover Bordó”-, señaló en años más recientes a Julio Lapaz y Rubén Darío González entre sus violadores. Todo esto fue relativizado por la Defensa, para quien “el paso del tiempo perjudica a la posible verdad”.

Defensor Pérez Videla sobre “las variaciones” en los sucesivos reconocimientos de torturadores y violadores del D2 de parte de Rosa del Carmen Gómez.

Informe de Sebastián Moro. Fotografías: gentileza de juiciosmendoza.wordpress.com.