Por 128 contra 114 votos, la Cámara baja sancionó el proyecto de reforma de alquileres con los cambios que había incluidos el Senado impulsados por el Frente de Todos. También, se convirtió en ley el proyecto que incorpora la violencia digital a la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, conocido como Ley Olimpia, y que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

Por otro lado, fueron aprobados y girados a la Cámara alta los proyectos de Compre Sin IVA, Argentina Inclusiva y de promoción del Gas Natural Licuado así como la ley de Promoción de la Industria del Calzado y su cadena de valor , con el fin de asegurar la generación de puestos de trabajo de calidad y el fomento de mayor inserción internacional.

La reforma de alquileres se aprobó con los votos que fueron aportados por el Frente de Todos, dos diputados del Interbloque Federal, uno de Juntos por Rio Negro y cuatro de izquierda, mientras que rechazaron la iniciativa los libertarios, Juntos por el Cambio y algunos legisladores provinciales.

Con la sanción de este proyecto los contratos se mantienen en tres años los cuales deberán ser estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses".

También, el Senado modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y estableció que "los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA".

El texto aprobado por el Senado, además, incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que "los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo".

También fija que cualquier "publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional” y elimina la posibilidad de los pagos a inquilinos por adelantado.

En cuanto a los beneficios impositivos los propietarios no pagarán bienes personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler. Tampoco pagarán el impuesto al cheque en las cuentas bancarias destinadas a cobrar esos contratos que se encuentren "debidamente registrados" ante la AFIP.

Además las "partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.

En cambio, el texto con media sanción de Diputados establecía que los contratos de alquiler debían tener un plazo mínimo de dos años, contra los tres años que rigen en la actualidad, y que los ajustes podían hacerse cada cuatro meses con la libertad de ambas partes para elegir el mecanismo a emplear para calcular el porcentaje entre varias fórmulas o índices.

Siempre de acuerdo con el texto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados, el menú de posibilidades a elegir estaba conformado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). También se contemplaba como opción que las partes pudieran acordar adoptar una combinación de estos índices.

Al fundamentar la posición del oficialismo, el diputado del FDT Lucas Godoy "es un tema que repercute en la vida de alrededor de 8 millones de personas" y "este contrato nunca tuvo ni tendrá una relación paritaria de igualdad de partes. La ley debe entonces amparar y equilibrar las condiciones de los contratantes”.

Agregó que "hoy tenemos dos posibilidades: o insistimos con la media sanción que se aprobó en Diputados, o aprobamos las modificaciones, que en términos de protección son mejores las modificaciones del Senado”,

En el cierre del debate, la secretaria parlamentaria del bloque del FDT, Paula Penacca, afirmó que el problema "no es la ley" sino el contexto económico y dijo que una "de las cosas que mejora es que elimina la posibilidad que el inquilino haga pagos adelantos".

Dijo que "el problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual de 100% y por lo tanto la expectativa de propietarios e inmobiliarias no coinciden con lo que logran ganar. Y esto lo dice Reporte Inmobiliario, que no es un pasquín kirchnerista”.

"Con la ley aprobada en el Senado se mejora la situación de los inquilinos", destacó

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