A más de 7 meses de vigencia de la ley 27.610 de Interrupción voluntaria del embarazo, la Superintendencia de Servicios de Salud recibió 207 reclamos por incumplimientos de obras sociales y prepagas. "Vemos que con el paso de los meses, y esto es auspicioso, los objetos de los reclamos han virado más a cuestiones de tipo prestacional y ya no tanto con negativas al acceso en los plazos y condiciones que establece la ley", señaló Cora Borensztejn, Secretaria General del organismo en diálogo con Radio Nacional Córdoba.

El artículo 12 de la norma obliga a todos los prestadores de salud públicos y privados a cubrir de manera integral y gratuita la practica. Las prestaciones fueron incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa médico obligatorio con cobertura total, incluyendo prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. En este marco la Superintendencia de Servicios de Salud puso a disposición un formulario de reclamo y creó el “Equipo Especial IVE” para responder y asesorar a las beneficiarias y afiliadas así como gestionar los reclamos ante las Obras Sociales o Empresas de Medicina Prepaga.

Con 13 reclamos Córdoba fue la cuarta provincia en cantidad de presentaciones realizadas, lo que representan un 6% del total. Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de población no significa "una cantidad importante" en comparación, por ejemplo, con las provincias del norte de la Argentina. Además salvo en un caso, ocurrido a pocos días de la entrada en vigencia de la ley, no se registraron reclamos por obstáculos o negativas en el acceso a la práctica. "La mayor parte de los reclamos de Córdoba no tuvieron que ver con obstáculos en el acceso a la prestación sino con cuestiones vinculadas a la comunicación o porcentaje de cobertura de los medicamentos", detalló Borensztejn.

En este sentido Juan Grass, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados (Aclisa) sostuvo que en la provincia se ha logrado superar la discusión inicial sobre la definición y el costo de la práctica, por lo que la mayoría de las obras sociales y prepagas están aceptando que la atención de la interrupción del embarazo consiste en un tratamiento integral que involucra un conjunto de prestaciones.

Por caso el 8 de junio de 2021 la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), que brinda cobertura a más de 600 mil personas, publicó la resolución 173/2021 incorporando la interrupción voluntaria del embarazo en su nomenclador de prestaciones. Según lo informado oficialmente “en todas las instituciones polivalentes o que tienen servicio de ginecología y obstetricia está garantizado el acceso a la atención. Es responsabilidad de la institución que recibe a la persona gestante realizar la derivación correspondiente en forma oportuna en caso de no poder dar respuesta a la solicitud”. Además las afiliadas de Apross pueden acceder al misoprostol a través de la institución prestadora o retirarlo sin costo con su receta, en cualquiera de las 1500 farmacias adheridas. Sin embargo esta información no está a disposición de las afiliadas de manera accesible en la web de la prestadora de salud. 

Por otro lado, las dificultades persisten sobre todo en las localidades más chicas del interior provincial. En esos casos, ante cualquier incumplimiento por parte de las obra sociales y prepagas se debe realizar el reclamos ante la Superintendencia de Servicios de Salud completando el formulario disponible en la web del organismo. También se puede llamar la 0800-222-3444, una línea nacional, gratuita y confidencial que brinda asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva.

No por Mucho Madrugar, Lunes a Viernes de 7 a 9

Con Nicolás Fassi, María Ester Romero, Paula Hernández y equipo.