La diputada nacional del Frente de Todos, Lucila Masín, habló en Radio Nacional Resistencia, sobre la medida cautelar dictada por la jueza de feria, Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de Resistencia, que suspendió la vigencia de la ley de Interrupción Legal del Embarazo -IVE- en la provincia.

“Es un mamaracho jurídico sin precedentes. Una jueza provincial no tiene competencia para definir por sobre una norma federal y quien desee recurrirla deberá hacerlo en un juzgado federal. Esto no tiene un asidero real respecto a la no implementación de la IVE. Hay una cuestión política en esta ley que fue discutida, debatida, sancionada, promulgada y que fue reglamentada hace pocos días. Hay mucha historia y lo que pasa es que no se tolera una ley que amplía derechos, es una problemática manifiesta, no se puede ir contra una norma de este tipo, que fue respaldada por muchos colectivos en todo el país, y también es desconocer la representatividad que tiene el Congreso Nacional. Un grupo de antiderechos no puede definir si es viable, o no, una norma nacional. Es una locura”, precisó.

La legisladora consideró que  “este fallo judicial no respeta la división de poderes. Los legisladores tenemos la obligación y responsabilidad de velar por las garantías y derechos. No se pueden priorizar los intereses personales o individuales por sobre lo colectivo. En el 2018 fuimos respetuosos de lo determinado por el Congreso Nacional. Hoy tenemos una ley que reconoce derechos a las mujeres que deseen acceder a un embarazo. No obliga a nadie”.

Masín precisó que “hasta el momento el Gobierno Nacional no se expidió al respecto, pero sí hay un acompañamiento y respaldo explícito para un trabajo coordinado en este tema".