Interpol emitió alerta roja para dar con el paradero de Eduardo Ros Ramírez, un joven empresario de la ciudad de Santa Rosa condenado a 8 años de prisión efectiva por abuso sexual. El hecho se cometió en 2012 cuando Ros estaba al frente de un boliche nocturno "Babilonia" pero recién a fines de 2017 quedó firme la condena. Tanto Ros como otro de los responsables del lugar fueron denunciados por dos adolescentes por haberlas forzado a mantener relaciones sexuales. Los familiares de las jóvenes, querellantes en la causa que comenzó hace seis años, emitieron un comunicado:
Comunicado de victimas y familiares del caso Eduardo Ros Ramírez.
Ante la noticia de fuga de Eduardo Ros Ramírez como respuesta al rechazo del último recurso por la CSJN las familias y victimas querellantes en la causa queremos expresar lo siguiente:
En primer lugar exigir a la justicia y policía de La Pampa que garanticen la seguridad psicofísica de las víctimas y familiares que fueron querellantes del juicio en el cual Ros resultó condenado a 8 años de prisión efectiva por abuso sexual en contexto de violencia de género.
Exigir a la justicia y policía de la provincia de La Pampa que dispongan todos los medios de forma inmediata para proceder a la captura de Eduardo Ros Ramírez y a la ejecución de la condena sin ningún tipo de beneficios hasta el agotamiento total de la misma, ya que en virtud de haberse profugado, no le corresponde ningún tipo de beneficio ni ahora, ni en el futuro.
Por otro lado queremos resaltar que Eduardo Ros Ramírez no pasó un solo día en prisión desde el momento que se cometió el hecho hasta que su condena quedó definitivamente firme. Ello ilustra también a las claras el fuerte sesgo machista y clasista de la justicia y policía de La Pampa.
Ros no pasó un solo día en prisión porque era un hombre empresario de la noche y no un joven de un barrio periférico, de haber sido así y sí hubiera cometido un delito contra la propiedad con seguridad hubiera pasado varios días detenido aunque luego hubiera resultado absuelto.
Esto demuestra que los delitos contra la integridad sexual cometidos por personas con poder, como es el caso de Ros y su familia, se tratan con distinta vara en la justicia y en la policía que otros casos donde están implicadas personas de sectores vulnerables y/o marginales.
Expresamos en consecuencia nuestra profunda indignación y frustración por la actuación de la justicia y policía provinciales, organismos que además quedan en ridículo por el accionar de Ros, cuya fuga era fácilmente evitable dadas las circunstancias.
Cabe recordar que los hechos objeto del juicio ocurrieron en 2012, pero recién 5 años después, a fines de 2017, se consiguió una condena firme. Dato que ilustra el enorme retardo de la justicia en llegar a una condena definitiva, que solo se pudo lograr por el impulso de las querellas en la causa y el acompañamiento de los colectivos de género.
Destacamos también que desde el primer momento las querellas hemos solicitado en reiteradas oportunidades la imposición de prisión preventiva, el agravamiento de las condiciones de libertad vigilada y la ejecución de la condena en diversos momentos del proceso. Dichas peticiones nunca fueron tomadas en cuenta. Los hechos actuales vienen a confirmar todas nuestras sospechas en cuanto a que Ros efectivamente, iba a eludir el accionar de la justicia.
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