El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, confirmó las "masacres" de civiles en Bolivia, al presentar su informe final sobre las represiones en Senkata, Sacaba y El Pedregal, ocurridas luego del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.

En ese informe, fruto de una prolífera investigación que llevó meses, incluyó entrevistas y recabó material probatorio, se describe que: "La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia”.

Al menos 37 personas murieron en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas, esto incluye situaciones de fuerte racismo, discriminación e incluso abuso sexual a las mujeres de pollera, mujeres indígenas bolivianas que fueron foco de esas violencias.

La representante del GIEI, Patricia Tappatá, presentó el informe, junto con recomendaciones de la CIDH, al presidente boliviano Luis Arce, concentrándose estrictamente en dilucidar la responsabilidad del Estado, en la vulneración de derechos humanos fundamentales.

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia recibió el informe, pidió disculpas públicas y anunció una serie de tareas a encarar desde el Ejecutivo y Legislativo boliviano en pos de restituir derechos y reconstruir la institucionalidad del país hermano.

Sobre el hecho en sí, como proceso político, y el impulso que podría darle  a la justicia, en Cruce de Palabras dialogamos con nuestra compañera y colega Penélope Moro, hermana del periodista argentino Sebastián Moro, muerto en el marco de los albores del golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia.