La propuesta presentada por el PRO en el Concejo Deliberante prevé la suspensión por 180 días de la Ordenanza 9971, sancionada en 2013; y la convocatoria en un plazo de 15 días a todos los involucrados, como el Colegio de Arquitectos, el de Martilleros, el Consejo de Agrimensura, la Cámara Inmobiliaria y el Consejo de Planificación Estratégica (COPE) dependiente de la municipalidad, para elaborar un nuevo texto con sus aportes.

En diálogo con Radio Nacional, la dirigente del PRO local, Liliana Carrin, indicó que hasta la fecha la mencionada normativa fue aplicada en una sola oportunidad; y agregó que la misma tiene un articulado confuso e inclusive hay dos dictámenes legales que realizan críticas importantes.

Carrín explicó que el problema es la aplicación, por lo que se desvirtúa el fin por el cual fue creada.