Los trece miembros del Consejo de la Magistratura se reunirán esta mañana en una asamblea extraordinaria para definir un esquema de funcionamiento administrativo que no paralice el sistema de justicia, atento a que el viernes vence el plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia para que dicho organismo sea reformado. La abogada Natalia Salvo, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de José C Paz, advirtió que el fallo de la Corte "instala una barbaridad jurídica porque revive una ley derogada oportunamente".
En ese sentido, señaló que el máximo tribunal "está presionando al Congreso primero para que legisle y arrogándose facultades legislativas haciendo revivir una ley que fue derogada".
Lo calificó como “una aberración” al explicar que “quiebra y rompe el principio republicano”, porque lo que debe hacer el Poder Judicial “es interpretar y aplicar las leyes”.
La Dra. Salvo señaló que esta situación “muestra el rol que está cumpliendo el Poder Judicial que se constituye como una monarquía judicial” al “exceder su facultad de administrar justicia”.
Por esa razón, definió las actuaciones de la Corte como “cuasi extorsivas” y enfatizó que “es un accionar monárquico, antidemocrático, antirrepublicano porque se arroga las atribuciones de otro poder que es el representante del pueblo por excelencia y el que dicta las leyes”.
Por otro lado, Salvo trazó el panorama que puede preverse el lunes, vencido el plazo que fijó el fallo de la Corte, y, en ese sentido, anticipó “una anomia importantísima en materia del Consejo” que “quedará virtualmente paralizado”.
Fue enfática al señalar que “tenemos el resultado de una Corte Suprema que legisla y extorsiona” y evaluó esta situación como “un descalabro institucional”.
Respecto a la suspensión del uso del sistema de reconocimiento facial en CABA por parte de la justicia porteña advirtió “una misma matriz que tiene Juntos por el Cambio a la hora de gobernar, que demuestra una concepción del Estado”.
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