Se trata de un sistema que contará con fiscales durante las 24 horas del día y abarcará cada rincón de la provincia. Para ello, San Juan se dividió en tres sectores. Para cada región se dispuso la ubicación de cuatro ayudantes de fiscales. De estos cuatro, tres trabajarán de 7 a 22 horas, mientras que el cuarto se desempeñará durante toda la noche.
Con la Ley de Flagrancia se juzgará y se resolverá definitivamente la causa en un plazo máximo de 10 días (hoy en día el promedio es de más de un año) a los delincuentes que sean atrapados in fraganti (cometiendo el delito o en los instantes posteriores) en casos de hechos graves que tengan penas de 3 a 15 años de prisión (por ejemplo: robo, homicidio, abuso sexual).
Por ejemplo, una vez que una persona es aprehendida in fraganti cometiendo un delito o minutos después, la policía tendrá la obligación de comunicar de inmediato (por cualquier vía) al fiscal de flagrancia. El fiscal tiene un día hábil para hacer las actuaciones, prorrogable excepcionalmente por un día más.
El fiscal presenta el caso ante el juez de flagrancia, con la presencia del detenido y de su abogado. A diferencia del sistema actual, todo será oral: la acusación del fiscal y la defensa del sospechoso.
Presentadas las pruebas y determinado como un caso de flagrancia (caso contrario se derivará a otro fuero), se fijará una Audiencia de Finalización, en un plazo no superior a los 7 días. Salvo para los casos excepcionales para la producción de pruebas, se podrá prorrogar esa audiencia a los 10 días de detenido el sospechoso.
En esa audiencia final el juez de flagrancia resolverá ahí mismo el caso. En caso de condena, también la dirá en el momento y tendrá 5 días para la fundamentación. Lo que allí se resuelva no se puede recurrir, salvo que se vulnere gravemente un derecho, una de las partes podrá ir en apelación ante la Cámara Penal.
Otros de los grandes cambios del proceso de flagrancia es que se evitará llevar al sospechoso a la cárcel de Chimbas mientras se lo juzga. Eso traerá varios beneficios. El principal es que el aprehendido no se mezclará con los procesados y condenados. Y esa medida también descomprimirá al Penal, donde un gran porcentaje de su población son meros sospechosos que esperan una resolución judicial.
