El procedimiento judicial surgió a raíz de una denuncia del Municipio por considerar que a través de las actas de la Comisión de Interpretación de Autocomposición Paritaria (Ciap) se otorgó un aumento de sueldo de forma encubierta con la intención de beneficiar a un sector jerárquico.

El ingreso al municipio del fiscal Ignacio Oyuela, junto a personal de la comisaría 23, se produjo en momentos en que comenzaba una asamblea de trabajadores nucleados en ATE, quienes consideraron que la medida judicial es un atropello del Ejecutivo.

El delegado por la junta interna de ATE, Segundo Andrade,  señaló a Radio Nacional que el operativo fue prepotente y autoritario y reiteró que los representantes sindicales no se negaron a nada vinculado con la investigación.

El secretario de turismo del Municipio, Esteban Bosch, negó que el ingreso de la justicia y la policía a las oficinas municipales sea una provocación. Señaló que se trata de un procedimiento que, de acuerdo a sus tiempos, coincidió con la realización de la asamblea de trabajadores.

El fiscal Ignacio Oyuela, en diálogo con Nacional, indicó que la Justicia buscaban documentación original de actas de la Ciap, que fueron cuestionadas en una denuncia realizada hace dos meses, y que finalmente fueron facilitadas por la oficina de Recursos Humanos del Municipio.