Gustavo Acosta, juez de Transición y Garantía de Nogoyá, está desde 2015 al frente de la investigación judicial, sobre el paradero de la familia Gill, cuyo rastro se perdió en el verano de 2002, y de quienes no se ha vuelto a tener noticias. Acosta junto a María Delia Gallegos, la más tenaz en la pesquisa, lograron ser recibidos por funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y consiguieron que el Estado argentino pagará una recompensa de 9 millones de pesos a quien pueda aportar datos sobre su paradero. El 13 de enero de 2022 se cumplieron 20 años de la desaparición de la familia.

La familia Gill vivía en la estancia La Candelaria, en Crucesitas Séptima, departamento Nogoyá. El 13 de enero de 2002 se lo vio por última vez a Rubén Gill, quien tenía 56 años, el jefe de la familia; a su mujer Norma Margarita Gallego (26) y a sus hijos María Ofelia (12), Osvaldo José (9), Sofía Margarita (6) y Carlos Daniel (3). Lo último que se supo fue que habían emprendido un viaje corto -de unos 30 kilómetros- hasta la ciudad de Viale, donde estuvieron en un velorio.

Desde entonces, el expediente judicial ha estado rodeado por preguntas. En una primera instancia, la lupa judicial se posó sobre Alfonso Francisco Goette, propietario del campo donde vivía la familia Gill. Sin embargo, cualquier información que pudo haber tenido se perdió la noche del jueves 16 de junio de 2016, cuando el hombre murió en un siniestro vial.