Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia y denunció un golpe de Estado "cívico, político, policial" de parte de la oposición y las organizaciones cívicas, la central sindical y las Fuerzas Armadas y de seguridad que le reclamaron la dimisión, aún cuando había convocado a nuevas elecciones generales de acuerdo con la OEA, a cargo de una auditoría a los cuestionados comicios del 20 de octubre último. Morales informó anoche a través de Twitter que la Policía tenía una orden de detenerlo y estaba buscándolo, lo cual también fue confirmado por el dirigente cívico opositor Luis Camacho.

"Estamos renunciando para que mis hermanas de pollera, como en Santa Cruz y Cochabamba, no sean pateadas; ahora pueden estar satisfechos (Carlos) Mesa y Camacho; renuncio por ellas, por ellos; no quiero que haya enfrentamientos", afirmó Morales, a quien le faltaban 73 días para concluir su mandato presidencial, en una transmisión desde un lugar no precisado con su vicepresidente –también renunciante- Álvaro García Linera, y la ministra de Salud, Gabriela Montaño.

Bolivia quedó en principio en una inédita y curiosa situación por las dudas respecto de quién debe asumir la jefatura del Estado, ante la renuncia de Morales y de los tres dirigentes que lo seguían en la línea sucesoria, según lo dispuesto por la Constitución nacional.

Todo había comenzado bien temprano, cuando la OEA difundió un informe que detallaba las irregularidades detectadas por su misión, entre las que se destacaban "un sistema de transmisión de datos electorales viciado", "la falsificación de firmas y alteración de actas", "una cadena de custodia del material electoral viciada" y la supuesta manipulación de carga de votos que arrojó "una tendencia altamente improbable" en el escrutinio del último 5% de los votos.

"La primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente", señaló el comunicado oficial de la OEA, que dirige el uruguayo Luis Almagro.

La comunicación del organismo, contenida en el documento titulado "Informe Preliminar Auditores Proceso Electoral en Bolivia", incluía la necesidad de replicar "la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas, una nueva composición del órgano electoral".

De inmediato, Morales acusó recibo y convocó a nuevas elecciones para superar la situación planteada por la instrumentación de las anteriores, cuyo resultado final lo daba ganador en primera vuelta por escaso margen, pero el opositor Mesa –segundo en las cuestionadas elecciones- y Camacho, entre otros, le reclamaron que renunciara y que no volviera a presentarse.

Estos pedidos de renuncia fueron luego asumidos también por la Central Obrera Boliviana (COB), una organización sindical muy poderosa y cercana al gobierno de Morales, y las jefaturas del Ejército y la Policía, con lo que el margen de maniobra para el presidente quedó muy estrecho.

También renunciaron varios ministros, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y, antes, el titular de la Cámara de Diputados, Victor Borda, en todos los casos lamentando los hechos de violencia y barbarie que habían sufrido sus familias o sus bienes en distintas ciudades.

En el mensaje audiovisual que brindó para anunciar su renuncia, Morales descartó además las versiones de que hubiera intentado dejar el país y aseguró que, en su caso, se quedaría en El Chapare, en Cochabamba, a retomar sus actividades personales.

"Ahora he renunciado, hemos renunciado, no quiero ver más familias maltratadas por instrucción de Mesa y Camacho", insistió, tras condenar los ataques que sufrieron autoridades y militantes de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos su propia hermana Esther, cuya vivienda fue quemada en medio del conflicto social que vive el país tras la compulsa del 20 de octubre.

Pidió a la comunidad internacional que "diga la verdad" sobre el "golpe cívico-político-militar", aunque aclaró que en el caso de los uniformados no fueron todos quienes acompañaron el proyecto para su derrocamiento.

"Ser indígena y ser de izquierda antimperialista es nuestro pecado", concluyó, y advirtió que si le pasa algo a él o a García Linera "será culpa de Mesa y Camacho", ya que recibió información de que incluso ofrecieron 50.000 dólares para entregarlos.

García Linera hizo luego un repaso de los logros de la saliente administración durante sus 13 años, nueve meses y 18 días de gestión, y envió un mensaje a los cívicos y políticos de la oposición.

"A los que nos han robado el voto, no descuiden Bolivia; al pueblo boliviano, que siempre vamos a estar a su lado y vamos a cumplir la sentencia de Tupak Katari: volveremos, volveremos y seremos millones", anunció.

El fiscal William Alave informó anoche que la Policía detuvo a la presidenta y al vice del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque y Antonio Costas, quienes habían renunciado a sus cargos hoy y el 23 de octubre, respectivamente.