El abogado Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad cuestionó el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que permitió acceder a datos biométricos de 7,5 millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

Lo calificó como “una cuestión gravísima respecto a la protección de la intimidad, la privacidad y los datos de la ciudadanía porteña” además de un “descontrol” de lo que tenía que ser “un sistema de resguardo con control ciudadano e institucional como son el reconocimiento facial y uso de los datos biométricos”.

Instó a “esperar” lo que determine la justicia respecto a los peritajes solicitados para “encontrar la razón” de la solicitud de datos que excedió su sentido original.

Señaló que la responsabilidad de este sistema recae en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y la empresa concesionaria del manejo del software pero también reparó en la responsabilidad “política mayor” del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Además, Baldiviezo recordó que pese a que fue un sistema “muy cuestionado” oportunamente "nunca se conformaron los organismos de control de su funcionamiento".

Panorama Nacional, lunes a viernes de 6.00 a 7.00.