A pocos días de cumplirse 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, excombatientes reclaman que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en la causa judicial que lleva “quince años” e investiga a más de un centenar de exmilitares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982. Ernesto Alonso, ex combatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, enfatizó que “no vamos a parar hasta que estos hechos sean esclarecidos“.

Explicó que el máximo tribunal debe expedirse porque “llegó el momento de que se sepa la verdad de lo que ocurrió con los soldados en Malvinas” y dio cuenta de las razones de la denuncia impulsada por el Cecim, organismo querellante desde el inicio de la causa en 2007.

Alonso señaló que, para reclamar este pronunciamiento, se movilizarán el martes desde las 12 al máximo tribunal de justicia, ubicado en Talcahuano 550, en el centro porteño, en el marco de causa que se encuentra allí por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra de Malvinas durante la dictadura militar.

Remarcó que, en estos 40 años, “hay asignaturas pendientes” y esclarecer lo que ocurrió “es una asignatura de la democracia para dar respuesta a quienes fueron víctimas de ese conflicto”.

También, adelantó que llevarán el reclamo al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y advirtió que “hay una reparación que está en manos de la justicia para entregar verdad sobre estos hechos aberrantes”.

Alonso relató el trabajo que lleva adelante el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y las nuevas experiencias desarrolladas y reiteró la mirada permanente sobre el reclamo de soberanía sobre Malvinas.

Luego de 15 años de iniciada la causa, que contiene más de 170 declaraciones de víctimas y un centenar de militares denunciados, la Corte Suprema de Justicia debe resolver si los hechos denunciados deben ser o no investigados como delitos de lesa humanidad, lo que los convierte en imprescriptibles.

Entre los presuntos ilícitos se encuentran la imposición de tormentos y la privación ilegítima de la libertad mientras que el principal medio de tortura denunciado que aparece en la mayor cantidad de casos fue el estaqueamiento a soldados a la intemperie por prolongados lapsos, en algunos casos sin abrigo ni zapatos en el gélido clima de las islas.

También fueron denunciadas torturas como el enterramiento de pie hasta el cuello en pozos que las mismas víctimas debían cavar, la obligación de sumergirse en agua helada completamente desnudos, golpizas, picanas y la deliberada falta de provisión de elementos de subsistencia.

Dentro del grupo de personas que declararon se encuentran víctimas directas y otras que prestaron declaración como testigos y que son consideradas por la querella como víctimas indirectas de la tortura.

El caso se tramita en el Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande, y allí la jueza Mariel Borruto, se expresó en distintas ocasiones sobre los ilícitos denunciados como imprescriptibles, y procesó en febrero de 2020 a cuatro de los exmilitares imputados.

La Fiscalía, la justicia de primera instancia de Tierra del Fuego y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que en la causa se investigan delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, el 4 de mayo de 2021, un pronunciamiento dictado en mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal introdujo que los supuestos ilícitos están prescriptos, y anuló un fallo judicial contra un militar acusado de torturar a soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas.

El beneficiado fue Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5, imputado de apremios ilegales y sometimiento a la tropa.

Este fallo revocatorio fue acorde con uno anterior en el mismo sentido firmado por otra sala de Casación que había favorecido a otro militar, Jorge Taranto, también acusado por esos hechos.

En ese contexto, la fiscalía y los querellantes recurrieron el fallo de Casación ante la Corte Suprema, y la jueza fueguina decidió esperar el trámite que tendrán esas actuaciones.

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