El Poder Judicial de Córdoba dio a conocer estadísticas sobre policías y penitenciarios investigados por torturas y vejámenes. El trabajo fue realizado por el Centro de Estudios Y Proyectos Judiciales que depende del Tribunal Superior. Y se hizo luego de que el Comité Nacional contra la Tortura dio a conocer sus conclusiones sobre 16 inspecciones realizadas en Córdoba entre los años 2018 y 2019 en comisarías y en varias cárceles de la provincia, como Bouwer, Río Cuarto y Cruz del Eje.

Los dos informes ponen bajo la lupa el accionar de policías cuando detienen a las personas o de personal del Complejo Esperanza y del Servicio Penitenciario. Los malos tratos, los procedimientos para provocar la declaración de apresados, castigos, uso de picanas, denuncias truchas.

En siete años contados a partir de enero de 2013 hasta diciembre de 2019, un total de 169 policías y penitenciarios fueron investigados por esos delitos en toda la provincia. La cifra excluye los homicidios que se pudieron haber cometido en ese período. Los delitos estudiados fueron: torturas, malos tratos y la privación ilegal de la libertad.

Se abrieron 65 causas. La mayoría de los denunciados fueron policías (122), el resto pertenecían al Servicio Penitenciario o a algún centro para menores en conflicto con la ley penal. Víctimas como victimarios, casi en su totalidad, fueron hombres. Más de la mitad de los imputados tenía entre 30 y 49 años. En los siete años se registraron 13 condenas firmes. La más alta apenas superó los cuatro años y medio de prisión, cuando el máximo son seis años. El 75% del total de condenas fueron de ejecución condicional. Hay 16 para ser juzgadas y 34 todavía en instrucción. Dos causas habían sido archivadas.

Víctimas. Se identificaron a 84 personas como víctimas de hechos de tortura y malos tratos. La mitad de ellas (42) fueron jóvenes menores de 29 años. Y dentro de ese grupo, mas de la mitad (26) fueron menores de edad.
En cuanto a los castigos proferidos, la tortura psicológica estuvo presente prácticamente en todos los casos. En la mayoría hubo violencia física que provocó lesiones en las víctimas a través de la fuerza física (golpe de puño, patadas, etc.), elementos contundentes, armas de fuego, picanas eléctricas y gas pimienta.

El análisis cuantitativo -elaborado por Martín Ricardo Franco y Sebastián Cruz Carbone- incluye una serie de conclusiones.

• Hay connivencia funcional. En algunas causas hay hasta nueve imputados, lo cual revela complicidad.
• El interior más expuesto. Dos de cada tres hechos se produjeron en el interior provincial, en lugares alejados de unidades judiciales, donde resulta complejo ejercer un control institucional más próximo.
• Abuso de la fuerza. Los elementos usados para la comisión de estos delitos también marcaron la desproporción de fuerzas a favor de los agresores, ya que a la violencia física se sumaron armas, palos, picanas, gas pimienta, etc.
• Lugares cerrados. Los ámbitos donde sucedió la mayor cantidad de excesos fueron comisarías, alcaldía, cárceles y centros de tratamiento de menores.