Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), habló en Radio Nacional Resistencia sobre la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y su efectivo cumplimiento en el país: “es un gran paso, muy necesario y sobre si es una buena ley, creo que lo es, pero las leyes deben actualizarse porque cambian los contextos y nunca hay una que sea perfecta. Si en el 2018 hubiésemos aceptado cambios, hoy la ley ya tendría dos años de vigencia. Personalmente creo que es un gran logro, desde hace 31 años luchamos por esto. Estamos en buen camino. Ahora tenemos que lograr que sea una ley para todas las mujeres que lo necesitan”, afirmó.

La profesional señaló: “con la publicación en el Boletín oficial, después de 8 días, ya tiene vigencia. Y ahora es fundamental que el Sistema Federal de Salud se adecue en cada provincia, es necesario que todas ellas la pongan en vigencia y no haya obstáculos, porque lo que hay que entender es que no se puede estar negando ese derecho, y es posible que vaya en contra de las ideas o pensamientos de algunos funcionarios, pero lo que no se puede hacer es ir en contra del cumplimiento de la ley. Si pasa eso, todos debemos denunciarlo. No es necesario que las provincias la ratifiquen, pero hay que prever las situaciones que puedan presentarse con la actuación de funcionarios locales”, dijo.

Bianco se explayó acerca de las obras sociales: “es un tema especial, porque el control es más difuso y debe ser la propia sociedad quien haga propia la ley, y respalde su aplicación. Hay que explicar a la sociedad que este es un derecho, y tiene que llegar a todas las mujeres. Es muy importante que quienes crean que están embarazadas y deseen la interrupción, concurran tempranamente a los servicios y no tengan miedo a que las denuncien. Tanto es así que quienes estén procesadas o presas deberán ser despenalizadas. Se acabó la prohibición”, enfatizó.

Respecto de la objeción de conciencia la médica indicó que los servicios de salud tienen que atender a la gente, que los profesionales pueden hacer uso de la objeción de conciencia, pero no los servicios, que están obligados a hacerlo, y tienen que encontrar una solución. No se puede aceptar la objeción institucional.

En el final de la comunicación, dijo: “es muy importante que se conozca la Ley de los 1000 días, como la de Parto Humanizado que no se cumple en forma plena. La de 1000 días lo que hace es reiterar lo existente y agrega la asistencia estatal para las mujeres en situación económica difícil y deseen continuar con el embarazo”, finalizó.