Se convocó a una conferencia de prensa,  para  informar que  tras  un proceso de  investigación de aproximadamente 7 meses y con las pruebas de la posible comisión del Delito de Falsificación de Documentos Publicos  (art.293 del Código Penal ), uso de Documento Apócrifo (art. 296 del CP) adulteración de Documentación Publica (art. 292 CP), violación de Sellos Oficiales (art. 254 CP) Asociación ilícita (Art. 210 CP), entre otros y eventuales violaciones al estatuto del empleado publico ( art 100 inc 10; art 101, inc 7; y conc. de la Ley 3161 y modif. Se procedió a la correspondiente DENUNCIA PENAL  en los tribunales correspondientes, lo que originó la debida sanción de los empleados involucrados en el hecho, rescindiéndoles el contrato según la clausula sexta  del contrato de Locación de Servicios que los encuadra.

También se informo que las medidas fueron tomadas para el resguardo de la documentación obrante en la repartición hasta que la Justicia dictamine los pasos a seguir.

Informaron por último que la Dirección atendió con normalidad, hasta que las puertas debieron cerrarse por seguridad de los empleados que permanecieron en sus lugares de trabajo; “es mi deber como funcionaria pública denunciar cualquier irregularidad que se cometa,  asegurando los datos que aquí se relevan que son sumamente sensibles para la producción de los índices como pobreza, indigencia, desocupación, etc"concluyó Ana  Juarez Orieta, Directora de  la Dirección Provincial de Estadística y Censos .