En la misma jornada en la que se oficializó el triunfo de Bernardo Arévalo, la autoridad electoral suspendió provisionalmente a su partido, una jugada promovida por la Fiscalía.

Las autoridades electorales de Guatemala declararon la validez de la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto que ganó el Movimiento Semilla y adjudicaron los cargos de presidente y vicepresidente electos al sociólogo Bernardo Arévalo de León y a la científica y docente universitaria Karin Herrera Aguilar.

La oficialización de los resultados es un contrapunto en la jornada, ya que el partido que venció en las urnas con el 61% de los votos válidos y con un discurso de rechazo a la corrupción, ha quedado suspendido de forma provisional.

El Registro de Ciudadanos, un órgano dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), suspendió la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, como lo ordenó el juez penal Fredy Orellana, designado por Estados Unidos como un actor corrupto y antidemocrático.

La decisión no afectará al nombramiento de Arévalo como presidente, si bien desgastará a los equipos legales de su partido y generará mayor incertidumbre en un país afectado en los últimos años por un auge del autoritarismo y la persecución de las voces críticas contra la corrupción.

El presidente electo, que ganó los comicios del 20 de agosto frente a la ex primera dama Sandra Torres, ilusionó a la mayoría del electorado guatemalteco con un firme mensaje anticorrupción.

De todos modos, varios juristas acusaron de ilegal la orden del juez Orellana porque la ley electoral establece que ninguna organización política se puede cancelar durante un proceso electoral. En su resolución, el registrador expone que, como la segunda vuelta se desarrolló el 20 de agosto, ya no hay ningún impedimento para cumplir con la orden del juez Orellana y que deja sin partido al presidente electo, Bernardo Arévalo.

Semilla puede ahora promover un recurso de nulidad ante el tribunal electoral, por lo que los magistrados evitaron emitir alguna opinión sobre el tema.

En el plano político, suma más desgaste tanto para los equipos legales del nuevo presidente como para la opinión pública que, en muchos casos, toma por válidos los señalamientos de la Fiscalía.

Fuente: El País, España