En la primera edición del Panorama Nacional, Mario se refirió al pedido de juicio político a los miembros de la Corte que fallaron a favor del gobierno de Rodríguez Larreta en la disputa que mantenía con el gobierno nacional en torno a la presencialidad en las aulas. La presentación apunta a Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, y a Ricardo Lorenzetti, y la impulsan Lucila Larrandart, Eduardo Barcesat, Luis Kon, Eduardo Tavani, Carlos Rozanski y el ex supremo y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni, entre otros.
“La actual composición de la Corte refleja el más bajo índice de credibilidad comparable al de la mayoría automática del menemismo, que como el resto de las instituciones estalló en 2001 cuando los supremos estuvieron incluidos en el “que se vayan todos” . Desde la persecución de opositores con las fórmulas de las preventivas sobre el engendro del poder residual de funcionarios del gobierno de Cristina Fernández, hasta las visitas impúdicas de jueces y fiscales a la Casa Rosada o la residencia de Olivos para ver a Macri, pasando por los tiempos eternos de causas que siguen esperando sentencia, la imagen y el descrédito desborda en esta versión de la Corte. Por eso, no debería sorprender que con la firma de Zafaroni, Barcesat, ex jueces como Lucila Larrandart, o Carlos Rozanski, entre un grupo de prestigiosos juristas, se presentara formalmente el pedido de juicio político para cuatro de los cinco integrantes de la Corte. La presentación ante la Cámara de Diputados refiere justamente al fallo sobre la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires y proyecta una eventual denuncia penal al tomar en cuenta que se dictaminó sin evaluar la cuestión sanitaria, sin consultar a expertos o peritos en salud, epidemiólogos e infectólogos y que contribuyó a potenciar los contagios de las muertes por coronavirus. Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti podrían ser imputados por delitos de homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato. Más allá de desconocer la facultad del Poder Ejecutivo para disponer las políticas sanitarias”, expresó.
