El Poder Ejecutivo confirmó la inclusión en el temario de la convocatoria el pedido para someter a juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y otras iniciativas vinculadas con reformas al sistema judicial, como un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura y una norma relacionada al tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.

En conferencia de prensa desde la Casa Rosada ayer, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había confirmado la convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, que regirá desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero próximos, para tratar 27 proyectos de ley, entre los que también figuran iniciativas relacionadas con la promoción científica y tecnológica, la creación de universidades nacionales y con el régimen previsional.

De esta manera, el presidente Alberto Fernández pretende darle celeridad al trámite de juicio político que alcanzará a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes son acusados por el Ejecutivo de incurrir en mal desempeño y parcialidad.

El proceso de remoción de los supremos abordará dos cuestiones: la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937, una decisión que fue calificada como "un hecho insólito" por el Gobierno; y la otra cuestión es el análisis de medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Para el Gobierno, con el fallo sobre el Consejo de la Magistratura el máximo tribunal "violó la división poderes" al tratarse de un tema "que debe resolverse en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo, porque es algo que involucra a todas las provincias", según evaluó la propia Cerruti días atrás en una de sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada.

Fernández basó su planteo a través del artículo 53 de la Constitución Nacional, que prevé que la Cámara de Diputados "ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones".

El Presidente contó con el apoyo de 11 gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Además, los vicegobernadores del Norte Grande, Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa) respaldaron también la iniciativa consensuada entre el Presidente y los mandatarios provinciales y pidieron al Parlamento que "las instituciones sean restablecidas" para que sean "garantes de la República".

Otros gobernadores, Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), habían cuestionado el fallo de la Corte que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a CABA pero no se pronunciaron sobre el pedido de juicio político.

El pedido de juicio político se conoció luego de haberse hecho pública la difusión de chats que habría mantenido el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro con Silvio Robles, vocero y principal colaborador de Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, escándalo que obligó al funcionario del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a tomar licencia en el cargo.

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