El Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, encabezó una reunión de trabajo con autoridades nacionales y representantes de la provincia de Formosa para concretar un abordaje sanitario y epidemiológico de cada centro de aislamiento, como así también intercambiar información con respecto a las denuncias referidas al abuso y arbitrariedades por parte de la autoridad policial que, en el cumplimiento del aislamiento vigente en dicha provincia, constituyan actos de violencia institucional.

En la Casa Rosada estuvieron presentes, además de Cafiero, la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; el secretario de Niñez y Adolescencia del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Lerner; el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, el ministro de Gobierno de la Provincia, Jorge Abel González y la representante de la Dirección de Epidemilogía del ministerio de Desarollo Humano de Formosa, Claudia Rodríguez. Asimismo el ministerio de Salud de la Nación estuvo representado en el encuentro por el jefe de Gabinete de la cartera, Lisandro Bonelli; la subsecretaria de Medicamentos y de Información Estratégica, Sonia Tarragona y el subsecretario de Estrategia Sanitaria, Alejandro Costa.

En el encuentro se evaluó la situación en los centros de alojamiento de Formosa tras la visita del secretario de Derechos Humanos a la provincia del norte argentino realizada la semana pasada, y se adelantó el informe preliminar donde se resaltó el compromiso de los Estados “que deben asegurar que toda restricción de derechos de las personas en el contexto de la pandemia cumpla con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, y se ajuste al fin de proteger la salud y la vida”.

En este sentido, se resolvió también una planificación para un abordaje territorial conjunto y coordinado entre los ministerios de Salud de la Nación y de Formosa hacia todos los centros de aislamiento.

Asimismo, también se analizó el informe de la Defensoría del Niño, a cargo de Marisa Graham. En el mismo (que fue enviado por ese organismo autárquico e independiente a los poderes ejecutivos de Nación y de la provincia, como así también a todas las autoridades judiciales formoseñas correspondientes) se recomendó una disminución de la “alta presencia de fuerzas de seguridad tanto en la búsqueda y traslado, como en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes”, además se aconsejó que sólo se requiera la presencia de personal policial “en aquellos casos que sea estrictamente necesario y habiéndose agotado toda otra alternativa domiciliaria y garantizando la presencia de personal especializado en el cuidado de los mismos”.