El Gobierno nacional se prepara para anunciar hoy un conjunto de medidas que buscan flexibilizar el uso de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero formal.

De acuerdo con lo expresado en las últimas horas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el objetivo del nuevo régimen es permitir que esos fondos se canalicen hacia el consumo de bienes como inmuebles y automóviles, sin generar penalidades automáticas ni requerimientos excesivos de justificación.

El esquema, que sería presentado hoy por Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, consistiría en un decreto del Poder Ejecutivo que, junto con un proyecto de ley enviado al Congreso, apunta a generar condiciones para que los dólares atesorados ingresen al circuito económico sin que eso implique un blanqueo tradicional.

Entre las medidas en análisis, se encuentra la simplificación de los controles bancarios y tributarios, incluyendo ajustes sobre el impuesto a las Ganancias y posibles cambios en los criterios de fiscalización utilizados por ARCA, con el objetivo de reducir la carga regulatoria y facilitar operaciones sin trabas administrativas.

También, contemplaría la posibilidad de realizar compras con financiamiento en cuotas, tanto en pesos como en dólares, a través de herramientas como el DEBIN Programado.

Hasta ayer, en el trabajo fino estuvo involucrado, principalmente, el ARCA como organismo recaudatorio y de fiscalización, sobre el cual el decreto modificará algunos de los criterios con los que realiza el control de fiscalización.

También formaron parte de esa mesa chica la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir y combatir el lavado de activos, y el Banco Central.

"No es un blanqueo", dijo el ministro de Economía esta semana y negó que exista un tope específico, como se había especulado.

“No es cierto eso que se dijo de los montos de 100 mil dólares”, dijo y luego señaló que el mecanismo será “más profundo” y que constituye “el inicio de un nuevo régimen”.

En ese sentido, el ministro de Economía sostuvo que la medida no tendrá topes para la utilización de esos ahorros.

Según el ministro, el elevado nivel de informalidad en la economía argentina se explica por dos causas centrales: el exceso de impuestos y el exceso de regulaciones y sostuvo que “Argentina reguló para la excepción. Asume que el 99,9% de los argentinos son delincuentes, vuelve loco a todo el mundo, y eso hace que la gente le escape a la formalidad”.

"Hay muchas regulaciones que desde nuestro lado podemos destrabar para hacerle la vida más sencilla a los argentinos. Nada tiene que ver con las normas GAFI ni con la UIF. No confundamos los temas, es simplificar la vida a los argentinos”, dijo Caputo.

Asimismo, el ministro cuestionó el funcionamiento actual de los organismos de control: “Duplicamos la gente en ARCA, multiplicamos las regulaciones y la informalidad creció”.

“Este esquema apunta a ganar formalidad. Que cada ente regule lo que le corresponde, no que todos quieren pasarle información a ARCA, todos pidan lo mismo. No tiene ninguna lógica ni sentido. Y además, lo más importante, es que no funcionó”, señaló.

El anuncio

En principio, las medidas iban a ser anunciadas el jueves pasado pero su oficialización fue suspendida por razones de cercanía de las elecciones legislativas porteñas en las que Adorni era el candidato de La Libertad Avanza (LLA) y para ajustar cuestiones técnicas del entramado legal y técnico.

“Probablemente, mañana —por hoy jueves—”, respondió Adorni ayer en su habitual conferencia de prensa, al ser consultado sobre cuándo se realizaría finalmente esa presentación.

En cuanto al marco legal, el Gobierno trabaja para que el nuevo régimen mantenga los estándares internacionales de prevención del lavado de dinero, alineándose con las normativas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según explicó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se busca que el esquema “sea legítimo y no contravenga las leyes internacionales”.

Esta precaución apunta a evitar observaciones que puedan comprometer el acceso de la Argentina a financiamiento externo.