La Justicia ordenó que brinde precisiones sobre los 119 convenios que tiene en estudio y están por fuera de la norma urbanística al hacer lugar parcialmente a una acción de amparo presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo quien describió “la opacidad y oscurantismo en la información pública” por parte de la administración de Horacio Rodríguez Larreta que ha denegado a la ciudadanía la posibilidad de conocer los alcances de “esas excepciones inmobiliarias que pagan las empresas para construir más altura o más metros cuadrados que los que permite la planificación de la Ciudad”.

Señaló que, en definitiva, lo que están comprando es “normativa urbanística”, a través de convenios firmados por el Ejecutivo porteño que luego son avalados por el Legislatura “para otorgar mayor seguridad jurídica a esas empresas” y evitar cuestionamientos judiciales posteriores.

Explicó que, si bien la firma de esos convenios está autorizada por el Plan Urbano Ambiental, “se estableció un procedimiento que tendría que ser lo más participativo y transparente posible”, que es lo que no está sucediendo.

El abogado, que preside el Observatorio del Derecho a la Ciudad y forma parte de `El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos´, argumentó que “lo que tenía que ser sumamente transparente y tener discusión con participación ciudadana, para el gobierno porteño es secreto”, porque negó brindar la información.

“Estamos hablando de la planificación de la Ciudad, de propuestas de construir torres que tienen impactos sociales y ambientales en los barrios”, sentenció.

Ahora, el gobierno porteño tiene unos días para apelar la resolución del juez Darío Reynoso pero, para Baldiviezo, “queda claro que estos convenios urbanísticos no están pensados para mejorar la calidad de vida y el ambiente urbano de la población”.

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