El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que por orden del presidente de la Nación, Javier Milei, y detrás de por supuesto el trabajo del Ministerio de Capital Humano a través de Anses, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner".

"Esto significa para los argentinos un ahorro al menos de la asignación que se cobraba en mano de unos 21.827.624,65 centavos", precisó en su habitual conferencia de prensa, y agregó: "El beneficio previsto por la ley 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor el mérito y el buen desempeño en el cargo".

"La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la 'Causa Vialidad' como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño", subrayó.

En ese sentido, dijo que "la jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina más aún si quien la percibe está condenada por estafar de las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política".

"Esto es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública", expresó, al tiempo que manifestó: "Durante el mandato el presidente Milei en Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos".

Por otro lado, el vocero presidencial anunció que "el Gobierno nacional también ha decidido cerrar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, más conocidos por sus siglas como Enosa", al recalcar que "se trataba de una estructura administrativa que duplicaba sus funciones con la Subsecretaría de Recursos Hídricos".

En tanto, Adorni informó que en un nuevo operativo llevado adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se detectó que 212 personas presos cobraban de manera irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Este hallazgo se produjo tras un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal, revelando que estos beneficiarios se encontraban en situaciones judiciales incompatibles con el cobro de dicho beneficio.