Terminado el debate constitucional en Chile, el gobierno de Gabriel Boric ha retomado la discusión de la reforma de pensiones, la que dejó en pausa a mediados de octubre para no contaminar el proyecto con la campaña del a favor y el en contra, que finalmente triunfó por 55% contra un 44%.

A cuatro días de rechazada la propuesta de Constitución, el Gobierno arremetió con un conjunto de indicaciones a su proyecto estrella y donde han existido mayores diferencias con la oposición: el destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador que elevará el porcentaje de ahorro previsional por trabajador hasta 16% de su salario.

La nueva propuesta del Ejecutivo apuesta a destinar tres puntos porcentuales a un seguro social, otros dos a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador y 1% a fortalecer el empleo y la formalidad laboral de las mujeres.

Desde el Gobierno apuntaban a que el cambio (en septiembre apostaban a que un 4% fuera a un fondo solidario y 2% a cuentas individuales) ablandaría a la oposición. Pero, lejos de acercar posiciones, las indicaciones se han encontrado con el muro de las derechas. “Encuentro insólito, lamentable e indignante que el Gobierno pretenda, a propósito del resultado de ayer (plebiscito del 17 de diciembre), impulsar o darles oxígeno a malas reformas”, fueron las palabras de Pablo Macaya, presidente de la UDI, un partido de la derecha tradicional, al enterarse de la propuesta del Ejecutivo.

La reforma al sistema previsional chileno, que busca mejorar las bajas pensiones que reciben las personas en edad de jubilar, es un debate que ya lleva más de una década sin lograr una solución. Las inflexibles posturas de lado y lado del espectro político han inhibido un acuerdo en torno a una de las principales preocupaciones de los chilenos.

Con el paso de los días, sin embargo, las posturas se han ido acercando. Este martes, desde la UDI y Renovación Nacional (RN), otro partido de la derecha tradicional, han dado señales al Ejecutivo para abrirse al diálogo. La apertura es interpretada como un cambio de estrategia de parte de la oposición frente a la constatación de que la ciudadanía está castigando la falta de acuerdos. Pero también como una forma de diferenciarse del Partido Republicano, de posiciones más extremas, el principal derrotado tras el rechazo de la propuesta constitucional redactada con mayoría de consejeros de esta fuerza política.

Fuente: El País, España