En comunicación con Radio Nacional Resistencia, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, Silvana Pérez se refirió a la apelación del gobierno chaqueño de la medida cautelar de la jueza Aucar de Trotti. Resaltó que, por cuestiones de resguardo, tuvieron que esperar los tiempos pertinentes para realizar declaraciones  respecto del tema.

“Primero que no hubo una comunicación formal, con lo que hay que ser cuidadoso porque a estar en la función del Estado y tratándose de algo jurídico se complica mucho más. Por ejemplo, la ministra de Nación de Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta, recién salió pos presentación de texto,  respecto del mismo caso de la jueza provincial. Había que tener un resguardo, razón por la cual había un texto que había circulado y generaba un estado de alerta en la ciudadanía porque tenía que ver con una circunstancia que en una provincia se discutía la aplicación de una ley nacional", afirmó.

Pérez sostuvo que "esta situación es algo que hiere lo constitucional y lo democrático en la Argentina, porque nosotros tenemos un país federado con lo cual las leyes nacionales tienen un proceso de discusión democrática y de sus ideas diferentes se logra ese espacio democrático en que un derecho se consolida; es caso del derecho al acceso al aborto, como educación sexual integral, al acompañamiento de los embarazos deseados. Esas decisiones se canalizaron democráticamente, en el tiempo que la democracia pidió, con una sanción en Diputados y una en el Senado." "En ese marco y ya saliendo de este tema, cualquier ley, una provincia no puede decir que no la aplica, porque es una ley federal que se decide en este marco. El fallo de la jueza es un fallo, en términos jurídicos, arbitrario, porque desconoce este carácter federal de nuestra constitucionalidad y de nuestras leyes y de nuestros derechos, en este caso de mujeres y cuerpos gestantes”, remarcó.

En cuanto a la apelación de la Fiscalía de Estado del Chaco se refiere a la cuestión de competencia federal y sigue en paralelo con otra presentación que la hará la Procuración General del Tesoro de la Nación, “si hay un fallo, una resolución judicial que lo que discute es la ley nacional porque no discute un caso, sino que discute una ley debe ser remitida a la justicia federal para que dé respuestas y con asiento en Capital Federal que es de donde se promulga la ley”, finalizó.