“Se trata de una familia rural de Pampa Castro a 45 kilómetros de Juan José Castelli y se están produciendo estas sentencias de desalojo, en este caso la de Teresa Vargas que vive con sus dos hijas y nietas, desde 48 años y es producto de un conflicto judicial familiar. Ante esta situación todas las organizaciones nos interesamos en el tema porque pone en vilo la regularización de la propiedad de la tierra. Acá claramente hay una posesión de larga data y se trata de un tema filiatorio, es decir de índole familiar y su desalojo producirá el alejamiento de una familia del campo, es decir que dejará de producir, cuando pasan estas cosas tenemos que hacer de cuenta que es una fábrica, una cooperativa que cierra y se necesita al Estado para su salvataje”, dijo la referente de la Canpo.

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