A través de un comunicado denominado "Cerro Chapelco: Diez verdades ante una gran mentira", legisladores del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y de otras fuerzas políticas salieron a desmentir la denuncia de su par de Unión de los Neuquinos (UNE), Mariano Mansilla, y del parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco, respecto a la denuncia sobre la transferencia de través del Decreto 505/10 firmado por el entonces gobernador Jorge Sapag, de 90 hectáreas en la zona de plataforma 1600 a la empresa concesionaria Nieves del Chapelco, con el fin de desarrollar un emprendimiento inmobiliario.
En la nota enumeran a través de 10 puntos que, entre otras cosas, "el centro de esquí del Cerro Chapelco y todas sus instalaciones fueron, son y serán propiedad exclusiva de la Provincia del Neuquén. Cualquier inversión realizada en el Cerro pasa directamente al patrimonio del Estado".
Indicaron que el primer proyecto de aldea de montaña en la base de Chapelco denominado "Aldea del Sol", data de la década del 70 cuando la empresa Lagos del Sur S.A administraba el cetro de esquí y el hotel Sol de los Andes, para lo cual se habían destinado 50 hectáreas.
"La Licitación Pública de 1986 para la explotación del complejo Chapelco incluyó el desarrollo urbanístico en la base, respetando normas ambientales y municipales, como incentivo para la búsqueda de un concesionario que invirtiera en el cerro", recordaron.
Agregan que "debido a que sobre la base del Cerro y su acceso coexistían reclamos de tierras de las comunidades Mapuche Vera y Curruhuinca", señalando que "para resolver el conflicto, el gobierno decide permutar las 50 hectáreas en la base del Cerro (cota 1200)".
"Nieves del Chapelco S.A. ya tenía un proyecto en ese sector. Luego de difíciles tratativas, la provincia ofreció a la empresa tierras en la cota 1600: una zona más alta, más boscosa, sin servicios, caminos ni infraestructura (90 hectáreas y otras 50 intangibles por la forestación)", destacaron.
Remarcaron que "la escrituración se haría una vez cumplidas las obligaciones por parte del concesionario (cancelación de deudas y concreción de inversiones), sumadas al pago de un canon anual de $800.000 a la Comunidad Vera durante el plazo de la concesión, el sostenimiento de las fuentes de trabajo, y el mantenimiento y la seguridad del Cerro".
En el comunicado firmado por los diputados Alma Sapag, Maximiliano Caparroz, Carlos Koopmann, Lucía Menquínez, Encarnación Lozano, Gloria Sifuentes, Claudio Domínguez, Mario Pilatti, María Laura du Plessis, Pablo Bongiovani, Ramón Soto, Luis Sapag (MPN), Carlos Sánchez (UP-UNA), Sergio Gallia (PAN) y Francisco Rols(FRIN); calificaron a la denuncia de Mansilla y Rioseco como "una gran mentira".
En diálogo con Radio Nacional, el presidente del bloque de diputados del MPN, Maximiliano Caparroz brindó información al respecto.