La Cámara de Diputados aprobó anoche y envió al Senado el proyecto que propone combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, y dar un abordaje integral e interdisciplinario de la adicción de juegos de azar virtuales en niños y adolescentes.

El debate fue impulsado por Mónica Frade (de la Coalición Cívica) y contó con el respaldo de Encuentro Federal; Democracia para Siempre; Por Santa Cruz y la Izquierda, que junto a Unión por la Patria aportaron los 140 votos a favor del proyecto.

Tras más de seis horas de debate, en la definición se registraron también 59 abstenciones (del PRO y la UCR) y 36 rechazos, de La Libertad Avanza (LLA).

El proyecto busca, entre otros puntos, limitar la publicidad en redes sociales y medios de comunicación, y el patrocinio de equipos de fútbol, ante el crecimiento de las apuestas de los adolescentes y jóvenes con números alarmantes.

Este artículo, el que más diferencias generó entre los diputados, obtuvo 134 votos a favor, 32 en contra y 34 abstenciones.

También, el proyecto prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos y apuestas, de pronósticos y apuestas deportivas en línea.

Los puntos claves de la Ley de Ludopatía son los relacionados a la restricción de publicidades, ya que limita la promoción de plataformas de apuestas, especialmente en casos en que celebridades o figuras del deporte fomenten su uso, y la regulación de medios de pago ya que se plantea restringir el acceso de menores de edad a los sistemas de pago, como tarjetas de crédito vinculadas a billeteras virtuales, que faciliten el uso de plataformas de apuestas sin la supervisión de un adulto.

Para evitar el acceso de menores de edad, la iniciativa propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión y al cabo de un tiempo de jugar, utilizando la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para validar la identidad a distancia, mediante el reconocimiento facial.

También el proyecto establece sanciones frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados. Por ejemplo, se incrementan las penas del artículo 301 del Código Penal estableciendo un rango de 3 a 10 años de prisión.

Días pasados, frente a la convocatoria a una sesión especial para tratar el proyecto, la Asociación de Loterías Estatales de la Argentina (ALEA) había enviado a los legisladores una carta en la que expresaba su “profunda preocupación respecto de las consecuencias que se derivarían de la aprobación del proyecto” y señalaba que el contenido de la iniciativa era “inconstitucional”.

Además, la entidad afirmaba que la eventual aprobación de la norma “redundará en un impacto negativo sobre el universo de personas que se quiere proteger: los niños, niñas y adolescentes” y señalaba que “la evidencia en distintos países ha mostrado que prohibir la publicidad no disminuye el juego ilegal”.

El “urgente” tratamiento del proyecto de ley de prevención de la ludopatía había sido también pedido por la Iglesia católica. En una nota enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la Comisión de Pastoral Social (CEPAS) consideró "urgente que el texto aprobado en el plenario de cinco comisiones el miércoles 13 de noviembre, reciba tratamiento en el recinto".

"Como bien lo han señalado tanto legisladores de diversos bloques políticos como representantes de organizaciones de la sociedad civil que participaron en las reuniones informativas, estamos ante un problema que exige una respuesta inmediata. Cada día observamos un aumento preocupante en la cantidad de niños, adolescentes y jóvenes de todo el país que, facilitados por el acceso masivo a las nuevas tecnologías, caen en el flagelo de la ludopatía", planteó el organismo de la Iglesia Católica en la misiva.