Durante el programa Bajamos la Térmica seguimos analizando los distintos aspectos vinculados con el relevamiento territorial de comunidades indígenas esta ordenado bajo la ley nacional 26160 que está enmarcada en el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas del art 75 inc 17 de la Constitución Nacional.

Para conocer más detalles de las acciones llevadas adelante por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Natalia Pautasso y Ana María Vega dialogaron durante el programa Bajamos la Térmica, con el abogado Martín Plaza, Director de Tierras de la mencionada repartición pública Nacional.

El funcionario explicó en LV8 que "ningún estado nacional tendría la facultad de hacer una cesión de derechos. Los territorios relevados, cuya titularidad registral está a nombre de privados o del Estado, no se están cediendo. Hay mucha manipulación circulando que claramente es malintencionada. No hay una cesión de derechos, sino un reconocimiento de la posesión", manifestó.

Cuando se pensó la ley 26160 sí se lo pensó como un paso previo a trámites posteriores y un instrumento que sirve para las comunidades indígenas. "Es competencia de la jurisdicción provincial decir a quién pertenece la tierra y por eso luego las comunidades piden por las tierras en las que se encuentran para la regularización dominial".

Plaza aclaró que "el Estado argentino ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no cumplimentar la instrumentación de la propiedad comunitaria y la ley 26160 es la única que tiende a cumplir este tipo de instrumentación".

Y yendo al punto de la participación de la Provincia  en este relevamiento, Plaza aseguró que es "totalmente falso" que el INAI no haya convocado al gobierno de Mendoza en este proceso. En el 2009 se realizó un convenio general con la provincia para llevar adelante estas acciones y siempre se intentó llevar adelante el mismo. "Se intentó celebrar un convenio específico pero nunca hubo respuesta. Ante esto es que se decidió realizar la ejecución centralizada  pero también se hicieron las notificaciones pertinentes. Es decir no pueden alegar desconocimiento de que estos trabajos se estaban haciendo".

En este sentido, Plaza publicó en twitter todas las notificaciones realizadas al gobierno provincial y los municipios de San Rafael y Malargüe.

Finalmente Plaza explicó que al reconocer que hay comunidades en esos terrenos, va a requerir que "el Estado instrumente procesos de consulta y participación a la hora de definir cómo ejecutar o intervenir en esos territorios para cualquier proyecto productivo. Estos son derechos constitucionales enmarcados en distintos instrumentos que protegen los derechos colectivos de los pueblos indígenas y como Estado estamos obligados a cumplirlos".

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