Como se sabe, el domingo murió en la ciudad bonaerense de La Plata la niña Abril Bogado, de 12 años de edad, en el marco de un asalto a sus padres. El hecho, como tantos similares que la sociedad aprendió a digerir, generó una polémica: el juez de Ejecución Penal Nicolás Villafañe le había otorgado libertad asistida al presunto asesino. La reacción no se hizo esperar y pesa sobre el magistrado la condena pública y el inocultable deseo de sectores políticos de impulsar un Jury.

Lo cierto es que el magistrado Villafañe cumplió los pasos que la ley indica para la libertad condicional. Es más: los mismos fueron ratificados por la Cámara Penal Platense que comprobó que el beneficio fue otorgado en 2015, tres años antes del cumplimiento total de la pena (En 2018) como lo indica la ley. Ahora, la legislatura de la provincia de Buenos Aires analizará una ley que sea conteste con lo que establece la legislación nacional que otorga la libertad asistida meses antes del cumplimiento total de la condena. Asimismo, buscará ampliar la cantidad de delitos que no gozan de salidas transitorias.

El que las leyes sean diferentes según la jurisdicción complejiza el escenario. Sucede que cada provincia fijó las suyas de acuerdo al derecho federal y a su realidad  siguiendo un principio tácito: a menor conflictividad, menor rigor. De ahí las diferencias en los distintos lugares.

El “antes no pasaban éstas cosas”, escuchado asiduamente, principalmente en el interior del país, hace pensar que aun cuando los casos sean cuantitativamente menores, son necesarias otras herramientas legales para reprimir los crecientes delitos a las personas y/o a la propiedad. Pero una pieza no solo responde a fórmulas ni estadísticas y he aquí la dificultad: para encontrar un punto de equilibrio, debe considerar la resocialización de los condenados.

Como a nadie escapa que el Cerebro Delictivo no tiene fronteras y Trabaja Códigos en mano para dar el golpe donde las leyes castigan con mayor benevolencia, dos de los tres poderes del estado (legislativo y judicial) deben trabajar aún más estrechamente apuntando, dentro de lo compatible, a la uniformidad nacional aunque demande un lapso de tiempo que, se sabe, será muy generoso.